El alcohol no da tregua: el 30% de los muertos en carretera había consumido

El próximo año se cumplirán 40 años del Si bebes no conduzcas protagonizado por Stevie Wonder. Con esta campaña, la DGT se proponía atajar las negras estadísticas en carretera en los años 80, con una siniestralidad máxima que alcanzó en 1989 la cifra de 9.344 fallecidos. Aunque los controles de alcoholemia se habían iniciado un poco antes, en 1979, la conciencia de no conducir bajo los efectos del alcohol era nula. Casi cuatro décadas después, el alcohol todavía está presente hasta en un 50% de los siniestros viarios y en las carreteras gallegas son interceptados cada mes unos 1.000 conductores tras haber consumido alguna copa de más. Las autopsias realizadas a los fallecidos en el asfalto revelan que todavía son muchos los usuarios en Galicia (conductores, pasajeros o peatones) que circulan en estado ebrio, bajo los efectos de las drogas y/o psicofármacos. Casi un 30% de los fallecidos el año pasado en las carreteras gallegas había consumido alguna sustancia tóxica, tal y como revela la memoria del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Días después de que el Congreso diese luz verde a la reforma del reglamento de Circulación para rebajar de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 la tasa de alcohol permitida, lo que en la práctica supone que con una solo caña se dará positivo, el Imelga dio a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a víctimas de siniestros viarios mortales ocurridos el año pasado en Galicia.

Sustancias

En la antesala del cambio legislativo, el primero en 35 años y que entrará en vigor el próximo año, las autopsias practicadas el año pasado a conductores, peatones y pasajeros fallecidos en la red viaria de Galicia revelan presencia de alcohol, drogas o psicofármacos en el 28% de los casos. De las 112 víctimas, 32 habían consumido algún tipo de sustancia tóxica, sin detallar el perfil del usuario ni las sustancias presentes o la predominante ni el nivel de alcoholemia.

En cifras absolutas, Santiago, con ocho análisis de tóxicos positivos, junto con A Coruña y Ourense, con 7 en ambos casos, son las subdelegaciones del Imelga que detectaron mayores consumos entre los usuarios fallecidos en siniestros viarios el año pasado. Seguidos de Vigo, con cinco; Pontevedra, con cuatro, y, finalmente, Lugo, con uno. En la demarcación de Ferrol no se detectó ninguna. Ahora bien, si se analizan las tasas de positivos en base a los fallecidos en cada área se coloca a la cabeza Pontevedra, con casi el 45% de los muertos en carretera con presencia de tóxicos, seguida de A Coruña (41%) y Santiago (40%). A la par que la tasa autonómica está Ourense (28%), mientras que Vigo se queda por debajo de la media del mapa gallego (casi 24%).

En los primeros seis meses de este año fueron interceptados en las carreteras gallegas casi 5.900 conductores por ponerse al volante con una copa de más. Pero desde la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico advierten de que este balance de sancionados muy alejado de la “cifra negra” de automovilistas que cogen el coche pese a haber consumido pero que no son detectados en los controles. “Saben nuestros horarios, donde estamos, utilizan pistas...”, advertía la semana pasada el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, en declaraciones a este periódico ante el cada vez más extendido uso de aplicaciones y grupos de WhatsApp que alertan de los controles en carretera. Por ello, Hidalgo apela a la DGT a reformar la ley para combatir los avisos de controles, tal y como se comprometió Interior tras las dos primeras sanciones en España interpuestas en Galicia por alertas de operativos policiales a una conocida empresa y a un particular de A Costa da Morte que tenía más de 15.000 usuarios por alertar de los dispositivos de vigilancia montados en la red viaria gallega, según avanzó LA OPINIÓN el pasado mes de mayo.

Más periciales por agresiones sexuales y violencia machista

A finales de 2022, la Xunta anunció refuerzos en los equipos psicosociales ante los retrasos en los informes del Imelga. Hacía solo unos meses, el Tribunal Superior de Xustiza se quejaba de que había juzgados «al límite» por la falta de equipos psicosociales y alertaba del riesgo de «colapso» en casos de violencia de género o divorcio. Con esta mayor dotación de medios, los equipos del Imelga atendieron el 90% de las periciales requeridas el año pasado: de los más de 25.00 informes solicitados —23.258 de clínica (en sujetos vivos) y 2.008 de patología (centrado en las causas y circunstancias de la muerte)— fueron resueltos 22.685, según destacaron en la presentación del balance el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y la directora del Imelga, Noemí Morte.

Del conjunto de la periciales realizadas destacan las motivadas por agresiones sexuales y violencia machista: un total de 1.272, de las que 732 fueron por agresiones físicas y 419, sexuales. Fueron un 15,6% más que las 1.100 contabilizadas en 2022. La violencia sexual y contra la mujer supone el 6% de la clínica forense.

Como novedad en la memoria de 2023 destaca la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral conformadas por profesionales de la medicina, de la psicología y del trabajo social forense con el fin de construir un sistema probatorio de calidad en los casos de violencia de género y sexual, basado en una evaluación multidisciplinar de las personas, de los entornos y de las circunstancias. Sus actuaciones se centra en los casos de víctimas de especial vulnerabilidad, como mujeres, menores o personas con discapacidad, con 99 pericias el pasado año.

En lo que se refiere a las pericias psicosociales, en las que participan psicólogos y trabajadores sociales, se recibieron 866 solicitudes. Fueron emitidos 1.721 informes, de los que más de 1.100 fueron de familia, 228 credibilidades del testimonio y 148 pruebas preconstituidas. El elevado volumen de emisiones frente a las solicitudes se deriva de las medidas excepcionales puestas en marcha por la Xunta para atender el incremento de peticiones de informes psicosociales por parte de los juzgados, explica el Gobierno gallego.

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