El traspaso o rescate de la AP-9: «Tremendamente difícil y costoso»

Imposible no es, pero sí «tremendamente difícil, complejo y costoso» tanto un eventual traspaso a Galicia de la AP-9 como su rescate por parte del Gobierno central, por lo que la acción prioritaria de Moncloa pasa actualmente por bonificar el peaje a los usuarios. Así lo enfatizó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia en el Congreso para abordar, precisamente, el futuro de la Autopista del Atlántico.

En su primera intervención soltó que el rescate era «inviable» porque eso supondría un «coste inasumible» para la Administración, si bien posteriormente matizó que no cree que sea imposible la reversión de la concesión, pero sí «difícil y costosa», a la espera, en todo caso, de lo que decida la UE sobre la legalidad de la prórroga hasta 2048 de la AP-9. Eso sí, pidió a los partidos que no hablen de las cifras que recogen los informes encargados por la Xunta o el BNG sobre el coste de un rescate. «No quiero entrar en un debate público porque es perjudicial para los intereses públicos, no sabemos si nos vamos a encontrar en la situación de tener que rescatar esta concesión», declaró.

Las reservas sobre la reversión de la titularidad de la AP-9, proceso al que se refirió como de «complejo encaje jurídico y económico» al estar integrada en un itinerario de interés general y conectar con Portugal y aeropuertos, choca por ejemplo, con la postura del PSdeG, cuyo secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, dio por seguro —hace una semana— el rescate dado que la Comisión Europea decretará ilegal la prórroga hasta 2048 acordada en su día por el Gobierno de Aznar.

El mismo recelo expresó el ministro sobre un posible traspaso a Galicia de la autopista, tal como se está tramitando en el Congreso con el respaldo unánime del Parlamento autonómico. También advirtió de la «tremenda dificultad» que entrañaría la transferencia y del complicado «encaje económico» de llegar a unas bonificaciones del 100% de los ingresos de la autopista, ya que en la práctica equivaldría a rescatarla. Pero aún así, indicó, no vetará el debate en el Congreso de la iniciativa parlamentaria que reclama el traspaso de la Autopista del Atlántico.

Ante este escenario, el Ministerio de Transportes apuesta por bonificar los peajes y aplicar descuentos en la medida de lo posible, que a día de hoy, sostuvo, «es la mejor alternativa que tenemos a mano en estos momentos». «Lo importante es que la ciudadanía pueda beneficiarse del uso de la AP-9, independientemente de su titularidad», destacó.

El diputado gallego del PP Celso Delgado exigió a Puente que «no se boicotee» el traspaso en esta legislatura, reconociendo que el PP votó en contra anteriormente, pero «en unas páginas que ya quedaron muy atrás».

BNG y PSOE

El diputado del BNG, Néstor Rego, reclamó lo mismo, porque «este tipo de cuestiones» no se puede valorar en sentido de quién gobierna la comunidad autónoma. La diputada del PSOE Patricia Otero recriminó al PP que rechazaran hace unos años la transferencia a Galicia de la AP-9. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió en las redes sociales a las palabras del ministro que lo «difícil» de entender son «las excusas» del Gobierno para transferir la autopista.

Un ahorro de 127 millones para los usuarios

En su comparecencia, el ministro detalló las cifras de los descuentos aplicados en la AP-9 por este Gobierno, el «mayor esquema de bonificaciones» de la historia para esta vía de comunicación. Desde su implantación, los usuarios recurrentes se ahorraron unos 127 millones de euros.

El Estado aporta unos 55 millones anuales y a partir de ahora se añadirán otros 27,6 fruto del acuerdo de investidura entre el BNG y el PSOE para incrementar las bonificaciones. Óscar Puente desveló que la anterior semana se dio luz verde a la declaración de urgencia del procedimiento para disponer cuánto antes de las cantidades destinadas al esquema de bonificaciones de la AP-9 al haberse prorrogado los presupuestos generales del Estado (PGE). Así que ya no hace falta que pase por el Consejo de Ministros.

Con esta nueva aportación, el Estado comprometerá 2.300 millones de euros a la AP-9 para mantener las bonificaciones hasta el año 2048, fin de la concesión.

En la misma sesión del Congreso, el pleno aprobó una iniciativa del BNG en la que exige al Gobierno que inicie los trámites de la anulación de la prórroga a la AP-9 y asuma la gestión directa de la vía y la supresión de los peajes, con PSOE y Sumar votando distinto en alguno de los puntos de esta moción.