La Xunta fija la protección permanente para las viviendas de promoción pública

Se establecerá a partir de 2025 y se extenderá también a las viviendas de promoción privada en suelo público

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las obras del barrio vigués de Navia.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las obras del barrio vigués de Navia. / Xunta de Galicia

Redacción

La Xunta establecerá desde el próximo 1 de enero de 2025 una duración indefinida y permanente para la protección de todas las viviendas de promoción pública y de las de protección autonómica, aquellas de promoción privada en un suelo desarrollado por un promotor público.

Así lo ha anunciado este viernes en Vigo la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que ha visitado el barrio de Navia, donde se construirán más de 1.600 viviendas, la mitad de ellas pública.

A partir de 1 de enero de 2025 se establecerá, según ha detallado la conselleira, "una duración indefinida y permanente de protección de todas las viviendas de promoción pública y también de aquellas de protección autonómica, que son viviendas de promoción privada en un suelo desarrollado por un promotor público".

Presupuesto

La Xunta triplica el presupuesto para la construcción de vivienda pública, ha indicado Allegue, y el presupuesto de la Consellería supera por primera vez los 500 millones de euros (476 en 2024, 513 en 2025).

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) contará el próximo año con inversión de más de 221 millones de euros, 55 más que en 2024.

Visita a las obras del edificio de 40 pisos de alquiler social en Xuxán

LOC

Pide al Gobierno que se ponga a la altura del problema de la vivienda

Allegue ha presumido del compromiso claro de la Xunta en vivienda y ha trasladado al Gobierno central que deje de "pedir más implicación a las comunidades autónomas" y se ponga a la "altura" de un problema que afecta a todo el país.

La conselleira ha recordado las medidas que ha aprobado la Xunta para incrementar la oferta de suelo y de edificaciones destinadas a vivienda.

Reducir a la mitad los plazos para la tramitación y desarrollo de proyectos de interés autonómico que permitan habilitar suelo para construcción de vivienda protegida, facilitar la conversión de bajos comerciales en vivienda o equiparar a nivel fiscal el concepto de vivienda a los locales que cambie su uso son algunas de las medidas.

A ellas se suma otra iniciativa para que las estructuras parcialmente ejecutadas que tenían licencia urbanística puedan ser rematadas con la solicitud de una nueva licencia municipal para completar su ejecución conforme a los parámetros urbanísticos del momento de la concesión de la licencia y siempre que el 50 % de los pisos sean protegidos.

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