Los auditores ‘suspenden’ dos años las cuentas del Consorcio de Benestar

El Consorcio de Servizos para a Igualdade e Benestar de Galicia es un ente con más de 2.600 trabajadores y un presupuesto de casi cien millones de euros anuales que, entre otros servicios, se encarga de la gestión de 147 escuelas infantiles, 65 centros de día y 11 residencias de mayores. Este consorcio, que está participado por la Xunta, 284 concellos y cinco mancomunidades, lleva dos años (2022 y 2023) con los auditores declinando dar su opinión tras revisar sus cuentas. Un auditor decide no pronunciarse sobre una contabilidad cuando entiende que le es imposible saber si las cuentas presentadas son un reflejo fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad. Desde la Consellería de Política Social, reducen a «cuestiones técnicas de contabilidad» los peros de los auditores. Y añaden que desde enero de 2022, la Intervención Xeral de la Xunta ejerce «el control financiero permanente del Consorcio».

En el caso de la auditoría de 2023 del Consorcio, es la propia Intervención Xeral de la Comunidad Autónoma en colaboración con la auditoría BS Audit la que decide «no expresar su opinión sobre las cuentas» por los «efectos muy significativos» de «los fundamentos en los que basa su negativa». Concluye que no tiene «base suficiente y adecuada» para expresar una opinión de auditoría.

Uno de los argumentos para denegar su parecer es que el Consorcio presenta en 2023 un fondo de maniobra negativo de 3,5 millones de euros y en 2022 de 4,6 millones, lo que pone de manifiesto «la existencia de un desequilibrio financiero significativo en las cuentas financieras» de la entidad. El departamento de Fabiola García explica que «este desequilibrio financiero se compensa en cada ejercicio con una mayor aportación de la Xunta».

Hay seis argumentos más para que los auditores decidan ‘suspender’ las cuentas del Consocio. Uno de ellos es que no pudieron «obtener evidencia de la siguiente documentación: conciliaciones mensuales de todos los importes generados por el programa de personal con la contabilidad: importe bruto, retenciones, seguridad social...». También ponen en duda que el inmovilizado material de este ente ascienda a 91,8 millones de euros porque el consorcio «no dispone de un registro íntegro, individualizado y actualizado» de sus bienes. Política Social explica que «el inventario de bienes no está valorado económicamente, pues la mayoría de los centros que gestiona son inmuebles de titularidad municipal, y el Consorcio tiene la cesión de uso».

Los auditores tras revisar las cuentas abiertas por el Consorcio en las diferentes entidades bancarias observan que hay un saldo pendiente de registrar en las cuentas de casi 371.000 euros, y que en 2022 fue de 1,3 millones, en el capítulo de Ingresos. Tampoco pudieron comprobar la razonabilidad de todos los ingresos del consorcio y cuestionan partidas que el Consorcio declara como ingresos y fondos propios, y que ellos declararían bajo otros epígrafes. Además constatan su incapacidad de comprobar la antigüedad y rastreabilidad de una deuda cancelada en 2021 por 3,3 millones de euros.

Por su parte, en lo referente a las observaciones de los auditores sobre tesorería, activo circulante y deudas pendientes, la Consellería explica que desde enero de 2022 las operaciones de ingresos y pagos del Consorcio las hace la Dirección Xeral do Tesouro da Consellería de Facenda y este cambio motivó «desajustes», que estarán regularizados este año.

Las auditorías de 59 fundaciones, agencias, consorcios dependientes de la Xunta se saldaron en su mayoría con un aprobado. Solo hubo peros en trece y solo dos, la del Consorcio de Benestar y la del Consorcio Local de Os Peares no fue dada.

Pendiente de casi 900 demandas laborales en una plantilla de 2.600 trabajadores

La auditoría también permite poner cifras a la conflictividad laboral que se vive en el Consorcio. Al cierre del año pasado, el ente se enfrentaba a 887 procedimientos judiciales en los que era el demandado. Y otros cuatro, en que era el demandante.

El cuadro de personal del Consorcio asciende a 2.631 trabajadores.

En 2022, los juicios pendientes eran más. 1.057. Son juicios que se arrastran desde hace años. La Consellería de Política Social, de quien depende el Consorcio de Benestar, explica que «el elevado número de pleitos responde a cuestiones de ámbito laboral, bien porque los trabajadores solicitan ser indefinidos o piden la carrera profesional».

Culpa del bipartito

Desde el departamento que dirige Fabiola García, se culpa al bipartito de PSdeG y BNG, que cuando montó este ente para la gestión de los servicios sociales, cubrió los puestos con personal temporal y ahora estos trabajadores reclaman en los tribunales ser considerados indefinidos no fijos.

El departamento de Política Social espera que «el problema de temporalidad del personal del Consorcio» se solucione cuando terminen los procesos de estabilización iniciados por la Xunta para reducir la temporalidad en el empleo público con la oferta de 5.600 plazas, de las cuales 1.357 son del Consorcio de Servizos para a Igualdade e Benestar de Galicia.

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