La Xunta esquiva el bum de los alquileres y solo paga un 1% más

Una manifestación multitudinaria, quejas en las redes sociales y unos índices de emancipación juveniles por debajo de la época prepandémica ilustran el grave problema de acceso a la vivienda existente en todo el Estado. Los precios de los alquileres se han disparado en los últimos años, con un incremento del 8% por ejercicio para el bolsillo de los inquilinos gallegos entre 2022 y 2023, una escalada que la Xunta ha sorteado, inmune al bum de precios, pues el gasto en arrendamiento de inmuebles apenas se incrementó el año pasado un 0,8%, lo que supuso un coste de 18.456 euros más que en 2022. ¿El motivo? Ir reduciendo las oficinas alquiladas y contar con contratos de larga duración.

La Conta Xeral de la Xunta, la radiografía contable que cada año realizan los técnicos de la Consellería de Facenda a toda la administración, muestra la contención en el apartado dedicado al alquiler de inmuebles, fundamentalmente oficinas, que le cuesta a las arcas públicas 2,2 millones de euros al año, a razón de 187.276 euros mensuales distribuidos en 85 inmuebles —dos menos que en 2022—. El desglose por provincias muestra que la provincia de A Coruña acapara la mayor parte, con un desembolso mensual de 84.044 euros, seguida de Pontevedra con 46.283, Ourense con 36.545 y Lugo con 20.403.

Contención del gasto

Este incremento de menos de un 1% continúa la senda de los últimos años de contención de este gasto, tras poner en marcha un plan patrimonial en 2016 para intentar situar el coste anual de esta partida en 1,7 millones. Ese repunte contrasta con el alza constante de los alquileres residenciales, que rozó el 8% el año pasado, según los datos del Observatorio da Vivenda, pues el precio medio pasó de 475 euros mensuales en 2022 a 512 en 2023. En septiembre pasado, el dato había vuelto a crecer otro 7,3% hasta superar los 550 euros.

Un dato evidencia el problema existente en este ámbito. El precio de arrendar una vivienda se disparó más de un 50% durante la última década, pues en 2014 la media era de 364 euros al mes, según las estadísticas del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Mientras, la tendencia de la Xunta ha sido la inversa, marcada por el recorte del gasto desde que el PP llegó al poder en 2009 desbancando de San Caetano al bipartito. En la época de la gran crisis financiera desencadenada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, los ajustes fueron constantes. En 2012, por ejemplo, el gasto de la administración gallega en alquileres superaba los 7,6 millones, dato que cayó a 6,2 dos años después. En 2022, la cifra alcanzó los 2.228.856 euros anuales, cifra que sumó 18.456 euros en 2023, según la Conta Xeral, que muestra que son las oficinas de la Consellería de Emprego las que más fondos requieren, con 68.034 euros mensuales de una factura global de 187.276 por 85 inmuebles que suman una superficie útil de 32.537 metros cuadrados. En 2022 esta cantidad era mayor, con 34.620 metros cuadrados.

Plan de ahorro desde 2016

El motivo de los descensos de los últimos años radica en el abandono de múltiples contratos de arrendamiento de oficinas, apostando por inmuebles de la propia Administración que se encontraban en desuso en una estrategia aplicada desde 2016. El ahorro logrado se reinvirtió en la rehabilitación del patrimonio de la Xunta, con obras, por ejemplo, como la rehabilitación del edificio Benito Corbal en Pontevedra, la ampliación de San Caetano en Santiago o el nuevo edificio administrativo en Ourense.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ya avisó la semana pasada de que pretenden “seguir bajando” la cifra dedicada a alquileres porque esta legislatura “estará operativo el nuevo edificio de San Caetano”, surgido de la antigua estación de autobuses de la capital compostelana. En 2018, su departamento se fijó el objetivo de desembolso anual en 1,7 millones, medio millón más de lo que abona ahora en arrendamientos.

El inmueble que mayor gasto supone para las arcas públicas se sitúa en Santiago y está alquilado por la Consellería de Presidencia, que abona 9.512,98 euros mensuales por 688 metros cuadrados de superficie en la calle Raxeira de la capital gracias a un contrato suscrito en 2010 para destinarlo a la Asesoría Xurídica.

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