La FEMP reclama reformar la ley que obliga a elevar la tasa de residuos a los vecinos

REDACCIÓN

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Gobierno obliga a las entidades locales a implementar en 2025 una tasa “diferenciada” para costear la recogida de desechos —que no esté integrada en otros recibos como el del agua o el del IBI— y que refleje “el coste real directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”. Esto obligará a muchos municipios donde la gestión de los residuos es deficitaria a incrementar la tasa de basura que cobran a sus vecinos.

Ante esta situación la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que exige al Gobierno que reforme la ley «para evitar que provoque un aumento de los costes para los ciudadanos». Los municipios proponen un grupo de trabajo con el Ejecutivo para «reconducir» esta normativa y critican que es «difícil de entender y de aplicar» y «no respeta la autonomía local».

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