Galicia estrena la oficina que protege a los denunciantes de corrupción

Justo cuando vence el plazo legal, Galicia abrirá mañana, aun siendo festivo, la oficina que protegerá de eventuales represalias a los empleados públicos de la comunidad autónoma que denuncien infracciones normativas o casos de corrupción en la administración en la que trabajen. A ella podrán recurrir, si tienen sospechas de prácticas indebidas, los funcionarios de la Xunta, los concellos, las diputaciones provinciales y las universidades.

La apertura de este servicio se producirá mañana, aunque es festivo, porque es el plazo dado por ley para su puesta en marcha. Comenzará a funcionar a través de internet con un enlace en la página web del Valedor do Pobo, porque esta oficina —de nombre Autoridade Galega de Protección da Persoa Informante— depende orgánicamente del alto comisionado.

Su plantilla está integrada por tres personas, que serán las encargadas de supervisar las denuncias que les puedan llegar, así como investigar su contenido. Por encima de ellos estará el pleno de la entidad, conformado por tres miembros del Valedor do Pobo con Dolores Fernández Galiño al frente; el conselleiro maior de Contas, Juan Carlos Aladro; y la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández. Su primera reunión será el próximo día 4.

Lo que hay actualmente es un canal de denuncias anónimas que gestiona la Consellería de Facenda y la acción preventiva, mediante informes y protocolos, que aporta el Consello de Contas a las distintas administraciones, pero sin competencias de investigación ni capacidad sancionadora ni siquiera como órgano receptor de denuncias. Pero esto lo tendrá la Autoridade de Protección da Persoa Informante, cuya principal finalidad es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten y denuncien infracciones penales o administrativas graves o muy graves, como, por ejemplo, pasar las preguntas en un examen de oposición, manipular una contratación, construir donde no se puede o acceder a una subvención sin tener los requisitos.

Esta oficina decidirá si admite a trámite la denuncia y la instrucción de la misma, así como las sanciones que se pudieran derivar además de dar parte a la Fiscalía cuando se considere que hay indicios suficientes de que se está ante un delito.

Y esto se hará blindando la protección de la persona denunciante, de la que no se aportarán datos y, salvo que se demuestre mala fe en su acción, gozará de un estatus especial para evitar que sea objeto de amenazas o represalias.

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