Choques con concellos e impagos abren un agujero de 20 millones en Augas

El pasado febrero, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia que le daba la razón a la Xunta frente al Concello de Vigo en el conflicto que mantienen sobre la presa de Eiras nutrida por el río Oitavén, validando el cobro de 654.753 euros en concepto de canon por unas obras realizadas entre 2010 y 2012 y liquidado dos años después. Se trata de un pulso que mantienen, pues los siguientes cobros similares fueron recurridos también por el consistorio. La justicia entiende que el municipio es el titular de la concesión para derivar las aguas del río, pero no del embalse y que, como beneficiaria de las obras, debe abonarlas.

Este choque supone una pelea por 3,7 millones de euros, según Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, cifra correspondiente a importes liquidados y no cobrados entre 2014 y 2019.

Este tipo de discusiones entre Augas y los municipios, pero también impagos de estos y de particulares, han abierto un agujero en las cuentas del organismo, que gestiona la cuenca Galicia-Costa (la otra demarcación es competencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil), de 19,7 millones de euros. Son 7,7 millones más que en 2017, lo que supone un incremento del 64%, según las cifras que constan en los presupuestos de Augas de 2025 y la auditoría de sus cuentas correspondientes a 2017.

Para cubrir ese agujero de casi 20 millones, Augas tuvo que realizar una provisión para insolvencias de 15,8, es decir, aportar esa cifra para no descuadrar su balance. Se trata de deudas vinculadas a “impagos de cánones, coeficiente de vertido, multas...” por parte de ayuntamientos y particulares, explican fuentes de Medio Ambiente.

El dato no coincide con la deuda porque Augas cubre el 100% de la deuda con una antigüedad superior a un año, que es de 11,8 millones, pero solo la mitad de la que no supera los doce meses, que es de 7,9. La provisión de esta última alcanza los 3,9 millones.

Además, Augas considera de “riesgo económico” un total de casi 17 millones. “La provisión para responsabilidad se aplica en su totalidad al cierre del ejercicio y se dota nuevamente por la situación a 31 de diciembre del ejercicio corriente. La cuantía se determina en función de aquellos importes sujetos a litigios o reclamaciones que se valoran como posible riesgo económico para la entidad. En este ejercicio, este riesgo alcanza el valor de 16.669.528,92 euros”, asume el organismo.

El canon del agua figura en primer lugar en cuanto a cantidades adeudadas, con 7,6 millones, de los que 4,7 superan el año de antigüedad y 2,9 son más recientes. Este tributo grava el consumo de agua y sirve para financiar actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotación de depuradoras de aguas residuales. De su recaudación se encargan los concellos de manera directa o mediante concesionaria.

La siguiente partida que más deudas acumula es el pago de obras cofinanciadas con los municipios. Augas estima en 4 millones la aportación local pendiente, de los que 3,4 corresponden a actuaciones con más de un año de antigüedad. Además, más de un millón está vinculado a multas y 900.000 euros al canon de saneamiento en los concellos donde Augas se encarga de esta tarea.

Hace dos años, Augas abrió una investigación al detectar casos tanto de particulares como de empresas que no pagaban el canon del agua, muchos de los cuales ni siquiera aparecían en sus registros, bien por picaresca, bien por deficiencias en la gestión.

Ese rastreo y también el incremento del canon permitió incrementar los ingresos de 57 millones en 2022 a una previsión de 63,4 el año próximo, según figura en el plan presupuestario de Augas.

Además, este organismo encargó la elaboración del nuevo plan gallego de saneamiento, en el que prevé aplicar una subida tarifaria a los ayuntamientos en los que este servicio resulta deficitario, lo que supone el incumplimiento de la Directiva Europea del Agua, como avanzó este periódico en junio. Esa medida afectaría a alrededor de un centenar de municipios.

Investigó hace dos años quiénes no pagaban el gravamen

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