La AP-9 pasa a manos extranjeras: APG y un grupo suizo asumen todo el control

El factor riesgo es determinante, en una economía familiar o un proyecto empresarial, a la hora de validar o no una inversión. Lo es con la compra de un inmueble, un coche, la apuesta por activos de renta fija (deuda corporativa, por ejemplo) o renta variable (bolsa). Aunque hay excepciones. Pocas. La de Itínere Infraestructuras, concesionaria de la autopista AP-9 o la AP-53 (Santiago-Lalín), es una de ellas. Porque, aunque hay un doble apercibimiento de Bruselas por la ilegalidad de la prórroga a Autopistas del Atlántico (Audasa) hasta el año 2048, con un previsible juicio en un tribunal europeo a las puertas, esta carretera sigue cautivando inversores como la miel a las moscas.

Es tan rentable y está tan blindada que la posibilidad de caducidad de la concesión no ha impedido un vuelco total en el accionariado de Itínere, que explota en total 524,8 kilómetros de autopistas de peaje —incluida la AP-9— en el norte del país. El grupo es ahora propiedad de dos gigantes de Países Bajos y Suiza; en el plato de España, al menos por dividendos, no caerá ni una migaja.

Luz verde a las bonificaciones en la AP-9 desde Año Nuevo

Hasta el pasado 16 de octubre la propiedad de Itínere se repartía, casi al completo, entre la española Globalvía y el macrofondo de pensiones holandés APG, que cuenta con activos bajo gestión valorados en 577.000 millones de euros, equivalentes a en torno a siete veces el producto interior bruto de Galicia. Entonces Globalvía dijo adiós a su participación, que rondaba el 40%, y se ponía así fin a un litigio sempiterno entre las dos partes. «Se refleja el compromiso de las dos compañías por resolver las disputas sobre Itínere cerrando los desacuerdos que se habían alargado en el tiempo», apuntaron en un comunicado.

Sellaron la paz mediante un «conjunto de acuerdos» del que no ha trascendido el más mínimo detalle, más allá de la exclusión de Globalvía del accionariado. Pero APG no se ha quedado como único accionista de control porque acaba de pactar la venta de una parte de sus títulos a otro coloso extranjero, en este caso de Suiza: Swiss Life Asset Managers. Eso sí, este nuevo socio lo ha hecho a través de una sociedad de cartera con sede en Luxemburgo, Swiss Life Funds. Entre ambas corporaciones controlan ahora el 96% de Itínere Infraestructuras.

«Esta inversión confirma nuestro compromiso con los activos de infraestructuras de alta calidad que brindan retornos estables y a largo plazo para los inversores», valora el director del área Infraestructure International de Swiss Life Assets, Gabriele Damiani. Jefferies ha ejercido como asesor financiero exclusivo para esta operación, mientras que Freshfields Bruckhaus Deringer y Garrigues han actuado como asesores legales de APG y Swiss Life Asset Managers, respectivamente. Ninguna de las dos partes ha querido desvelar qué porcentaje del capital tiene ahora cada una o el montante de la transacción, que aportaría una nueva referencia en la valoración de la AP-9 como activo.

Porque, si bien la concesión está activa hasta el año 2048, el doble expediente emitido por la Comisión Europea ha abierto la puerta a la anulación de la prórroga, que empezó a computarse en agosto del año 2023. Claro que Itínere ha defendido siempre que, en caso de que se le retire la concesión, tendría derecho a una indemnización multimillonaria, que tampoco ha cuantificado al detalle, pero que superaría los 1.000 millones de su deuda financiera neta. De las palabras de Damiani trasciende la confianza de APG y Swiss Life de que su inversión es a «largo plazo». No solo es que la autopista no tenga competencia en Galicia, es que es indiscutiblemente rentable.

Porque la AP-9, que es el principal activo de todo Itínere —le aporta el 71% de la facturación — es la autopista rentable de la Red de Carreteras del Estado, como detalló FARO. Audasa ingresó 96,6 millones de euros en el primer semestre de este año, un 7,67% más que en el mismo periodo de 2023. La partida más significativa fue la del resultado neto, con unas ganancias de 39,54 millones de euros. Es decir, más de cuatro de cada diez euros que ingresa por la autopista se convierten en beneficios; equivale a ganar 220.000 euros cada 24 horas.

Es una ratio muy elevada, solo comparable a la de vehículos de inversión o sociedades patrimoniales, y que no alcanza ninguna de las vías de peaje de la red estatal. Además, la extraordinaria cobertura legal que gobiernos de todo color han facilitado a Audasa vía reales decretos ha permitido que buena parte de lo que factura proceda del erario público. Y esta proporción sigue medrando: peajes en sombra, bonificaciones y las ayudas del Gobierno para contener la inflación supusieron unos ingresos públicos para la concesionaria de 29,5 millones de euros, el 30,5% de todo su negocio.

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