La empresa pública de vivienda del Gobierno nacerá con 530 inmuebles en Galicia
La actividad arrancará con más de 5.000 viviendas para el conjunto del país
Gabriel Santamarina
La entidad estatal de suelo Sepes, la compañía dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana escogida para ser el origen de la nueva empresa pública del Gobierno, arrancará su actividad con 5.000 viviendas —530 en Galicia—, después del acuerdo firmado el lunes en el Consejo de Ministros, que incluye el traspaso de los inmuebles residenciales propiedad de Invied, Adif y Siepse y la cesión de uso de los de Muface y Patrimonio Nacional. Estos son los primeros pasos de la nueva empresa pública de vivienda estatal «capaz de construir y gestionar viviendas», una promesa anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante el 41º Congreso Federal del PSOE a principios de mes de diciembre. Su germen será Sepes, que ya ha cambiado su organigrama y elevada al primer rango de empresa pública (a la altura de Adif, Renfe o Correos) para que cubra todo el ciclo residencial, desde la urbanización de un suelo hasta la construcción y gestión de alquileres.
Según los cálculos realizados por Activos —el vertical económico de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN—, todas estas compañías públicas, a pesar de que no ofrecen un listado público, suman 6.128 inmuebles, aunque no todos son viviendas (sí la mayoría), ni pasarán a ser propiedad de Sepes. Los que correspondan a Invied, Adif y Siepse, primero, la entidad dependiente de Vivienda y Agenda Urbana deberá comprarlos a través del «procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas», mientras que las de Patrimonio Nacional y Muface deberá firmar convenios para asumir su gestión.
El Invied, principal casero
El Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), según figura en sus cuentas, cuenta con un total de 9.389 viviendas en patrimonio. Sin embargo, 4.556 están calificadas como «no enajenables», al situarse dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares. Los otros 4.833 inmuebles sí podrán pasar a manos de Sepes, aunque primero deberá comprarlas. Estas se ubican en Comunidad de Madrid (1.609), Andalucía (842), Galicia (530), Murcia (515), Castilla y León (350), Canarias (206), Cataluña (167), Baleares (131), Aragón (116), Comunidad Valenciana (116), Extremadura (74), País Vasco (62), Castilla-La Mancha (50), Navarra (34), Asturias (19), La Rioja (11) y Cantabria (1).
El número de inmuebles que tienen en propiedad las empresas públicas mencionadas son pocos en comparación a los que maneja la Sareb, el banco malo creado tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria para rescatar a las quebradas cajas de ahorros. Esta empresa, controlada por FROB, cuenta con más de 10.000 viviendas destinadas a fines sociales, 8.000 de ellas en alquiler social con acompañamiento y 1.700 cedidas a diferentes administraciones para el mismo fin.
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