Audasa facturará cerca de 100 millones al erario por las rebajas y peajes en la sombra

El Gobierno central deberá comunicar en las próximas horas a cuánto ascenderá esta vez la subida de los peajes de la red de autopistas del Estado, entre ellos el de la AP-9. El cómputo definitivo incluye un colchón antiinflación, que concretan las propias concesionarias, y un pequeño porcentaje con el que se compensarán las ayudas públicas concedidas para 2023 para paliar el impacto de la invasión de Ucrania en los precios (Real Decreto 20/2022). Para el caso de la vía concesionada a Autopistas del Atlántico (Audasa), se sumará un punto adicional en las tarifas, comprometido con la empresa en el año 2011 y hasta 2038, como «compensación» por las obras de ampliación de Rande o la circunvalación de Santiago. El incremento de los peajes, por tanto, se situará necesariamente por encima del 4%, superior al IPC; los ingresos anuales de la AP-9 estarán además, en todo caso, por encima de los 200 millones de euros por primera vez en su historia.

Y con un aporte creciente en cuanto a la contribución del erario público en el conjunto de sus ingresos. Solo para el ejercicio 2025, y como consecuencia del fuerte incremento en las bonificaciones para usuarios recurrentes —parte de un acuerdo entre el PSOE y el BNG—, el Ejecutivo ha reservado una partida de 81,6 millones de euros a abonar a Audasa. Teniendo en cuenta la evolución de sus ventas en los últimos cinco años, y con una previsión de inflación inferior a la que se prevé para este 2024 (en torno al 2,7%), cerca de cuatro de cada diez euros que facturará Audasa a partir del martes saldrán de las arcas del Estado. Además de las bonificaciones, articuladas en base a otro real decreto —este, de 2021—, la concesionaria cobra peajes en la sombra: 12,62 millones de euros percibió el pasado ejercicio fiscal bajo este epígrafe. De modo que, en resumen, Autopistas del Atlántico pasará a percibir cerca de 100 millones de euros públicos entre ambos conceptos, de bonificaciones y peajes en sombra.

Si Audasa mantiene asimismo la tendencia de los últimos ejercicios, que la ha consagrado como la autopista más rentable de la red estatal, estará en disposición de obtener unos beneficios limpios próximos a los 100 millones de euros el próximo año, que serán reembolsados íntegramente —siempre lo hace— a su matriz, Itínere. Desde su privatización, promovida por el Ejecutivo de Aznar a comienzos de este siglo, la compañía no ha dedicado un euro de sus ganancias a la amortización de su deuda, sino a la de su matriz. Itínere, como desgranó FARO, acaba de pasar en los últimos días a manos de una dupla de macroholdings de inversión extranjeros: el fondo de pensiones holandés APG, que ya era accionista, y el grupo suizo Swiss Life. No han querido desvelar el importe de la operación ni cómo ha quedado el reparto de capital. Sí han apuntado que la suya es una inversión a largo plazo pese a que sobre la AP-9 pesa un expediente de infracción, imputado a España, porque la Comisión Europoea considera que la prórroga de la concesión, alargada hasta 2048 —tenía que haber expirado en 2023— fue contraria a derecho comunitario.

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