La batalla de los funcionarios gallegos para lograr una subida salarial: «Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo»

El próximo año concluye la subida del 9,8% de sueldo de todo el cuerpo de empleados de las administraciones local, autonómica y estatal, cifrados en más de 170.000 personas en Galicia. Así lo recoge el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, un documento firmado entre Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y suscrito por el Ejecutivo central en noviembre de 2022. Este incremento salarial tenía como objetivo que el personal funcionarial recuperase el poder adquisitivo que había perdido en los tiempos de la crisis económica, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó en año 2010 un 5% las nóminas de la Administración Pública y su posterior congelación en el 2015.

La brecha salarial entre empleados de Xunta y Estado se agranda a 2.300 euros anuales

Con todo, no todos los sectores del funcionariado consideran que este último acuerdo marco haya revertido la situación. «Desde el 2022 hemos perdido un 6% de poder adquisitivo, y la cifra asciende hasta el 20% si contamos desde el 2010», explica el secretario de comunicación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Pablo Burgos, que denuncia que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aplazado hasta enero las negociaciones para acordar una nueva subida salarial que compense el último y «nefasto» acuerdo marco.

En este sentido, Burgos afirma que esta pérdida de poder adquisitivo, agraviado en parte por este último acuerdo marco, equivale a 13 y 18 meses de trabajo gratis por parte de los empleados. Con todo, advierte que esta merma no se ha dado por igual en todos los colectivos profesionales que conforman el funcionariado.Según los cálculos de CSIF, el grupo A1, compuesto por médicos y jueces, entre otros, es el que más dinero ha perdido. «Estimamos que 1.600 euros por año desde el 2010», señala el sindicalista. A este le siguen los del grupo A2 —el correspondiente a enfermeros o maestros—, con un perjuicio de 1.020 euros al año, y el grupo C2 —cargos de menor responsabilidad administrativa, con 500 euros anuales de pérdidas. Una escala de merma en el poder adquisitivo de cada grupo funcionarial que es proporcional a sus retribuciones salariales.

Ahora, con el ojo puesto en el próximo enero, el CSIF pide al Gobierno central llegar a un nuevo pacto que compense ese 20% acumulado de pérdidas para los funcionarios. «Sabemos que es algo que no se va a realizar de la noche a la mañana y tendrá que hacerse de manera escalonada, pero necesitamos por lo menos una subida salarial para el próximo 2025», demanda el sindicalista, que advierte que «no descartamos convocar movilizaciones ni tampoco ir a la huelga» si la situación no cambia el próximo mes, avisa.