Concellos y diputaciones, incapaces de cobrar 470 millones a morosos

Por regla general, los ayuntamientos y diputaciones provinciales son las administraciones más saneadas y que mejor comportamiento financiero presentan, también porque sobre ellas ejerce un estricto control el Ministerio de Hacienda. Llevan años las entidades locales cerrando sus ejercicios presupuestarios con superávit, pero también acumulan una importante bolsa de deudas provocada por morosos que les resulta muy difícil, por no decir imposible, de cobrar. En el caso de la comunidad gallega, estos impagos ascienden a 471 millones de euros, en su mayor parte correspondiente a los municipios. Se trata de una cifra, además, que no consiguen reducir y que se mantiene año tras año sin apenas variación.

Hasta hace relativamente poco eran las empresas las que tenían problemas para cobrar a tiempo determinadas facturas a las administraciones públicas (locales o autonómicas). Sin embargo, ahora esta situación está controlada y con carácter general el plazo de pago no debiera superar el mes. Pero se mantiene otra realidad, que es que las entidades, sobre todo las locales, son las que acumulan los impagos.

La cifra del conjunto del Estado no es cosa de broma. El montante global de estos impagos ascendía nada menos que a 14.797 millones de euros al cierre del año 2023, de los que 12.290 correspondían a los ayuntamientos de toda España y 244, a las diputaciones del régimen común. El resto de distribuía entre cabildos insulares, ciudades autónomas, comarcas o mancomunidades, entre otros, además de entre las diputaciones de régimen foral (País Vasco y Navarra), que acumulan impagos por casi 1.900 millones de euros.

Del cálculo de este agujero se encarga el Ministerio de Hacienda, tomando nota de los informes que le envían periódicamente las entidades locales. Son las deudas que particulares y empresas tienen con las arcas municipales y provinciales y que incluyen todos aquellos derechos pendientes de cobro —difíciles o imposibles— que tienen las haciendas locales. Estos impagos los conforman tasas, impuestos, multas, facturas por servicios que prestan las empresas municipales, sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero. Y también figuran las obligaciones fiscales pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado. En el caso de Galicia, estos saldos de dudoso cobro apenas suponen el 3,2% de la cifra total de España, muy por debajo del peso poblacional y presupuestario que tiene Galicia en la estructura del Estado. Los impagos ascendían a 470,77 millones de euros al cierre del año 2023 —con las liquidaciones ya definitivas en poder del Ministerio de Hacienda—.

A los concellos les toca directamente 454,2 millones de euros, de los que la cifra más alta corresponde a los ayuntamientos de A Coruña, en los que el Ministerio de Hacienda consigna 162,8 millones de euros. En segundo lugar figura la provincia de Pontevedra, con 141,8 millones. Y ya a más distancia aparecen los ayuntamientos de Ourense, con 83,6 millones, y de Lugo, con 65,8.

El saldo de dudoso cobro generado por impagos y morosos en las diputaciones apenas supera los 15 millones, mientras que hay otro millón y medio que corresponde a mancomunidades.

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