Bruselas no abordará hasta verano el informe sobre la prórroga de la AP-9

Ya lo dice el refrán: las cosas de palacio (y del comisario) van despacio. La vía administrativa para ratificar que la prórroga de los peajes de la Autopista del Atlántico (que conecta A Coruña, Santiago y Vigo) hasta 2048 es ilegal vuelve a ponerse en pausa por los procesos internos de Bruselas. La Comisión Europea no abordará ni se pronunciará sobre el segundo expediente sancionador a España hasta el final del primer semestre, por lo que el dictamen no está previsto para antes del verano. Esta situación de parálisis ya se dio durante el segundo semestre del pasado año, ya que tras enviar el Gobierno sus alegaciones a esta segunda infracción, el proceso de elección de los nuevos comisarios frenó en seco toda la actividad legal y burocrática.

Según fuentes especializadas en política comunitaria consultadas por esta redacción, actualmente Bruselas «está volcado con el nuevo plan industrial» a nivel europeo que se dará a conocer a finales de febrero. Este ambicioso proyecto es una prioridad para el segundo mandato de Ursula Von der Leyen, quien ha creado la vicepresidencia ejecutiva para la Prosperidad y la Estrategia Industrial para el responsable de Mercado Interior, Industria y Pymes, el francés Stéphane Séjourné. Además de la reindustrialización y la competitividad de la UE se incluirán las políticas de defensa, por lo que el trabajo está siendo exhaustivo al correr el tiempo en su contra. La presidenta de la Comisión Europea se ha marcado como objetivo presentarlo antes de las elecciones alemanas del 23 de febrero, utilizándolo como una de sus bazas frente a la oposición de su compañero de filas, el bávaro y presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

Pero la vuelta a la normalidad en la Comisión Europea y el análisis de las alegaciones presentadas por España tampoco llegará en ese momento. Entre los meses de febrero y junio se negociará el primer tramo del presupuesto para los próximos siete años, el marco financiero plurianual (o MFF según sus siglas en inglés). Las mismas fuentes conocedoras de los entresijos actuales del día a día en Bruselas señalan que esto solamente supone el inicio de unas «negociaciones intensas» en las que, como en las cuotas pesqueras o agrarias, cada país tratará de ganar en algunos aspectos lo que cede en otros. Como principal novedad el ejecutivo de Von der Leyen plantea que se necesiten cumplir una serie de «hitos políticos» para poder acceder a los fondos de cohesión, siguiendo así un procedimiento similar al de los fondos Next Generation de la pandemia que exigieron varias reformas. No obstante, esta medida ya ha encontrado la oposición del Comité de Regiones y varios alcaldes.

España gana peso

De esta manera habrá que esperar al verano para conocer si Europa admite las alegaciones presentadas por España al segundo aviso sancionador, basadas estas en la «exception in house».

Dicho informe llegará más de un año después de la durísima carta del ya excomisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, quien aseguraba que «el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». Y aunque la decisión fue tomada por el Gobierno de José María Aznar, el actual gabinete de Pedro Sánchez pretende defender la legalidad de dicha ampliación de la concesión a Audasa «en defensa de los intereses ciudadanos de España», según el secretario de Estado Santano.

Para hacer valer esa idea será clave el nuevo puesto de la exministra y flamante vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, quien en su portafolio de Transición justa, limpia y verde ha sumado la materia de Competencia y las ayudas estatales que se incluyen en la misma. En el seno de su propio partido ya dan por hecho que será necesario rescatar la concesión. «El rescate vendrá, efectivamente, cuando se decrete ilegal el aumento de esa prórroga», señalaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el pasado octubre. Mientras tanto, Audasa seguirá facturando.

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