El ocaso demográfico eleva el ingreso forzoso en residencias: 6.257 en un año

El ingreso no voluntario en residencias suma y sigue en Galicia: hasta 6.257 personas con discapacidad entraron en una residencia en 2023 con una medida judicial, según confirman los últimos datos extraídos de la Memoria de Fiscalía de 2024. Son, en su mayoría, mayores con deterioro cognitivo grave o personas con problemas de salud mental; es decir, pacientes geriátricos o psiquiátricos, aseguran fuentes judiciales consultadas.

Esta medida representa más de la mitad de los procedimientos en materia de discapacidad del año; distribuidos en la siguiente proporción provincial: Pontevedra registró 2.241 internamientos no voluntarios (casi el 36% del total); A Coruña hasta 1.952 (que representan 31% ); Ourense, 1.207 (que serían 19%) y Lugo, 857 (14%). La tendencia se consolida: otras 6.200 personas con discapacidad ingresaron de forma forzosa en una residencia en 2022 y 6.419 el año anterior. Pero no en todos casos el dictamen está acompañado de otras medidas de apoyo, que ascienden solo a 713. Y detrás de estos internamientos, que solicita la familia, el director de un centro sociosanitario o el médico, está la desaparición de la figura de la tutela judicial. Eso, sumado al disparado envejecimiento que culmina la pirámide poblacional de Galicia.

Aunque las personas con demencias leves o moderadas mantienen cierta capacidad de decisión, las que presentan estados más avanzados dependen de redes familiares y apoyo externo. En este contexto, el internamiento no voluntario en residencias se ha convertido en una solución habitual, pero también genera controversias legales y sociales. En Galicia este dilema es aún más evidente por el citado ocaso demográfico. De hecho, a pesar de su menor población la comunidad es la cuarta en el número de estas medidas solo detrás de Madrid (18.316), Andalucía (13.111) y Comunidad Valenciana (8.764). «En mi opinión, no creo que vaya a haber mucho cambio de cifras en los venideros años», comenta la responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga) en Vigo, Rosa Poveda. Un alto porcentaje de mayores con deterioro cognitivo desea, relatan desde Afaga, «morir en su casa y no quieren ir a una residencia», pero la evolución de la enfermedad o la complejidad de las relaciones familiares y la dedicación exclusiva que requieren los cuidados de los pacientes —ya sean geriátricos o psiquiátricos— da al traste en muchos casos con el anhelo familiar o personal. «Esta figura traspasa la responsabilidad al juez; no decide ni el paciente, ni su familia».

En 72 horas

La ley establece que el responsable del centro debe informar en un plazo de 24 horas tras el ingreso, y un juez tiene 72 horas para ratificar o revocar la medida. Sin embargo, en la práctica, las revisiones no siempre son presenciales. Además, el artículo que regula estos internamientos, está diseñado para casos de trastornos psiquiátricos, lo que genera un vacío legal al aplicarlo a personas con demencia neurodegenerativa.

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que prohíbe la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, las privaciones de derechos de quienes eran tuteladas quedan sin efecto. Se eliminaron las «incapacidades» y la figura de tutor legal y este mismo cambio legislativo obligó a los jueces a revisar hasta un total de 2.649 sentencias de discapacidad (83% más). El juez de Familia de en Vigo, Daniel Tomás López, explica que representa «un gran volumen» de la actividad en los últimos tres años.

Expertos sugieren revisar y actualizar las normas para equilibrar la protección de derechos con la realidad de familias e instituciones: «Un sistema más ágil, justo y adaptado a las necesidades de una sociedad envejecida».

«Si entraron voluntariamente pero perdieron capacidad cognitiva, también se revisan»

Una de cada dos intervenciones de Fiscalía en discapacidad son internamientos no voluntarios, aunque las cifras no permiten discriminar entre psiquiátricos o geriátricos. También unifican los que son en contra de su voluntad o sin su voluntad. Para algunos expertos se hace necesario mejorar la clasificación y el tratamiento de estos casos. La falta de discriminación entre patologías psiquiátricas y deterioro cognitivo en los datos dificulta la planificación y gestión de recursos adecuados.

El juez de familia Daniel Tomás López asegura que los internamientos no voluntarios en residencias son nuevos. Algunos corresponden a personas que inicialmente ingresaron de forma voluntaria, pero «cuyo deterioro cognitivo ha evolucionado, y es necesario solicitar la ratificación judicial para que puedan permanecer en el centro», explica. Consideran fundamental que el sistema judicial y sanitario contemplen las diferencias para garantizar un manejo más eficiente de las necesidades.

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