Las intensas lluvias reducen un 24% los robos de agua en Galicia: 11 al mes
Las precipitaciones de 2023 fueron las más copiosas desde el inicio del milenio | Las sanciones por desviaciones ilegales de ríos se situaron en 130, la mayoría en el interior

El río Miño se desbordó durante 2023 debido a las abundantes precipitaciones. | Fernando Casanova
Daniel Domínguez
Llenar piscinas o regar campos de cultivo necesitan en ocasiones acudir a la ilegalidad para saltarse los tediosos trámites y dilatados tiempos de la administración y así captar agua de algún río de manera rápida. Pero el año 2023 se mostró tan lluvioso, que las captaciones ilegales de agua de ríos y acuíferos fueron menos necesarias. Al menos eso transmiten las estadísticas de multas por este tipo de prácticas, que se redujeron ese año —el último del que existen datos— un 24%. Los «robos de agua» pasaron de 171 en 2022 a 130.
Estas prácticas son la detracción de agua de ríos, presas o acuíferos sin el correspondiente permiso, unas irregularidades que en 2022 se habían incrementado un 50%, pero un año después se desplomaron un 24% debido, fundamentalmente, a las copiosas precipitaciones de todo 2023. De hecho, el informe climatológico de Meteogalicia establece que ese ejercicio no solo fue «muy húmedo», sino que es que el mayores lluvias registró desde el año 2023. Se captaron 1.560 litros por metro cuadrado.
En ese contexto, en Galicia se resolvieron 130 expedientes sancionadores vinculados a la desviación de aguas. De esa cifra, 106 correspondieron a la cuenca del interior gestionada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. De ellas, 15 se produjeron en la provincia de Pontevedra; 35 en la de Lugo y 56 en la de Ourense. Además, se incoaron 16,41 y 46 expedientes por ese motivo. A esas cifras se suman los casos registrados en la cuenta del litoral Galicia-Costa, gestionada por Augas de Galicia porque es competencia autonómica.
En ese caso, solo se resolvieron 24 expedientes y se incoaron 8. Los primeros generaron sanciones por un total de 5.520 euros, según datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente.
No solo las lluvias facilitaron la menor captación ilegal de recursos hídricos, pues el departamento dirigido por Ángeles Vázquez sostiene que trata de «facilitar la legación» de estas prácticas sobre el castigo económico. «Por esa razón, muchas de las actuaciones instruidas en relación con captaciones no registradas se concretan en requerimientos a los responsables, que, una vez atendidos, dan lugar al archivo de las actuaciones sin imposición de sanción», exponen fuentes del citado departamento.
Agricultores, cooperativas o empresas pueden obtener agua de ríos, acuíferos, pozos o presas para sus actividades siempre que soliciten un permiso y reciban luz verde de la administración competente. En caso de que superen los niveles autorizados o lo realicen sin esa autorización, la administración inicia un procedimiento sancionador tras la correspondiente denuncia. En el caso del interior, es competencia de la Confederación del Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la mayor parte de la costa, es competencia de Aguas de Galicia.
En esos supuestos, la sanción económica puede alcanzar los 30.000 euros en el caso de la Xunta y a los 50.000 en el del Miño-Sil, en función de los daños que causen, según la Lei de Augas de Galicia y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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