El campo gallego alerta sobre el alza del SMI: «No soportamos más costes»

El campo gallego no se opone a una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso sí, alerta de las «nefastas consecuencias» que tiene para su actividad si no se aplica algún tipo de bonificación. «No hay margen para soportar un nuevo incremento de los costes laborales», avisan, que se sumaría al encarecimiento de la energía, los piensos o los fertilizantes que ya tienen a muchas granjas «al límite» y que podría acelerar el abandono de la actividad de no pocos profesionales .

El alza de 50 euros en el SMI que propone la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, tiene un impacto «muy superior» en el coste salarial mensual de las empresas, en torno a los 80 euros más por trabajador, calcula el sindicato Asaja. Con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que subirá cada año hasta 2029), el coste mensual se sitúa en los 1.903 euros, de los que 720 euros corresponden a impuestos y cotizaciones, señalan.

Falta de mano de obra

«El alza del SMI sube también las cotizaciones sociales y provoca que el pequeño y mediano empresario se abstenga muchas veces de contratar», asegura en esta línea el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello, advirtiendo a su vez de que agravará el problema de la falta de mano de obra en el sector. «Cada vez hay menos gente para trabajar en el campo , ya no solo por las explotaciones que abandonan por falta de rentabilidad, sino que aquellos que buscan empleados en todos los ámbitos de la agricultura o la ganadería no encuentran suficiente personal», analiza. Según datos registrados en el INE recogidos por Asaja, el sector agrario perdió en España 75.000 explotaciones en el periodo 2010-2020, a lo que habría que sumar al menos 5.000 más por el goteo incesante de abandonos y cierres en los últimos cuatro años.

«Si el Gobierno quiere fomentar que la gente tenga más dinero en el bolsillo, lo que debería hacer es reducir las cotizaciones sociales y otro tipo de cargas que pagan los empresarios y trabajadores en sus nóminas», sostiene el responsable de Asaga, criticando que al tiempo que se aumentan los sueldos también lo hace la carga impositiva. «Al final, esto es una trampa».

«Hay muchos titulares de explotaciones en Galicia que ni siquiera llegan al Salario Mínimo», apuntan, por su parte, fuentes de Unións Agrarias (UUAA) consultadas por este periódico, poniendo el acento en las dificultades que ya tienen cientos de granjas para ofrecer rentabilidad debido a los bajos precios en origen. En diciembre del año pasado, la organización que lidera Roberto García denunció una rebaja injustificada en el litro de leche de «14 céntimos» desde 2023. En este punto insisten en que no piden «subvenciones» sino «precios justos» para sus productos.

Jugar con «reglas distintas»

El acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) es otro de los asuntos que inquietan tanto a Asaga como a UUAA, pues no solo implicará la entrada de productos de países con normativas sanitarias más laxas sino también laborales, algo de lo que los sindicatos recelan pues supone jugar «con reglas distintas».

«Ya le gustaría a los ganaderos de esos países que el Salario Mínimo fuera allí la mitad que aquí», asegura Francisco Bello, que teme que el pacto coloque al campo gallego en una posición de desventaja competitiva. «En esos lugares no existe la jornada laboral de cuarenta horas semanales, lo que reduce los costes. Además, las exigencias en bienestar animal son mucho menores, y los animales no están tan controlados», señaló.

«Aquí –prosigue– nos restringen cada vez más los productos que se pueden utilizar para defendernos de las plagas, mientras con Mercosur todo va a ser suavidad. Cada vez habrá menos producción en Europa, en España y en Galicia. La soberanía alimentaria está en riesgo», sentencia Bello.

Por último, Unións Agrarias incide en reclamar compensaciones por la «cobertura medioambiental» que dan al territorio los ganaderos y agricultores gallegos. «El 20% de la población cuida al 80% del territorio», zanjan.

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