Los concellos reforzarán el control con 31 secretarios, tesoreros e interventores

El Gobierno lanzará en marzo una convocatoria de 1.000 plazas para todo el país | La Xunta denuncia el «trato no igualitario» en favor de Cataluña y Euskadi en la gestión de los procesos

Fachada del Concello de Carral, que comparte altos funcionarios con Abegondo y Begondo. |  L. O.

Fachada del Concello de Carral, que comparte altos funcionarios con Abegondo y Begondo. | L. O.

Todos los ayuntamientos están obligados desde hace ocho años a contar con funcionarios de habilitación estatal para los puestos de intervención, secretario y tesorería. Las vacantes que hace años arrastraban los concellos de la comunidad ponía en serios apuros la gestión diaria en las alcaldías, provocando el retraso de expedientes, la acumulación de facturas o el debilitamientos de los controles y el empeoramiento de su calidad técnica. Para paliar el déficit que afrontan algunos ayuntamientos, bien porque esa plaza está sin cubrir, bien porque ha sido asumida por personal «de la casa» ajeno a la fiscalización de todos los ingresos y gastos que pasan por las arcas municipales o bien porque aunque tienen un interventor o secretario lo están a medias ya que lleva las cuentas de varios municipios, el Gobierno anunció ayer la convocatoria para el próximo mes de marzo de 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales, de las que 31 corresponderán a Galicia.

Se trata de una convocatoria extraordinaria territorializada, cumpliendo las previsiones de la Ley 20/21, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y del art. 66 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, según informó ayer la Delegación del Gobierno en Galicia.

Las comunidades autónomas que lo soliciten podrán realizar en sus territorios los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo de los aspirantes, a través de un convenio de colaboración con la AGE. El reparto de las 1.000 nuevas plazas ofertadas —entre ellas las 31 asignadas a Galicia— se ha calculado de manera proporcional al número de vacantes en cada comunidad autónoma.

Desde la Xunta, tuvieron conocimiento de esta convocatoria a través de un correo electrónico el pasado viernes en el que se informaba de las 31 plazas correspondientes a Galicia —3 de secretaría, 10 de intervención- tesorería y 18 de secretaría-intervención— , por lo que desconocen a qué ayuntamientos se le asignarán estas plazas así como —apuntan desde la Consellería de Presidencia— «las restantes pendientes de publicación, ya que en Galicia hay muchas más».

La Administración autonómica se muestra «sorprendida» por que el Ejecutivo estatal realice en esta ocasión un reparto de plazas entre comunidades, ya que hasta ahora se publicaba la cifra global y sin asignación previa a cada territorio. «Este es un ejemplo más de las negociaciones en distintos ámbitos del Gobierno central con País Vasco y Cataluña, sin tener en cuenta las necesidades y aportaciones del resto de comunidades», advierten desde el departamento que dirige Diego Calvo. «Supone un trato no igualitario teniendo en cuenta que las autonomías no recibimos información con antelación a este reparto, mientras en País Vasco y Cataluña sí que se ha realizado una encomienda para la gestión de sus procesos», añaden.

Altos funcionarios

Los secretarios locales, junto con los interventores y los tesoreros, son funcionarios de la Administración local pero cuentan con habilitación nacional. Es decir, trabajan en ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales por designación de la Administración General del Estado. Sus responsabilidades abarcan un conjunto de actividades que incluyen la fiscalización de las cuentas, el asesoramiento jurídico o labores de administración, entre otras.

Para paliar el déficit de interventores y tesoreros municipales que arrastraban los ayuntamientos gallegos lastrando su gestión diaria, la Xunta creó en 2017 una bolsa de interinos a la que pueden recurrir los ayuntamientos para cubrir esas plazas, al menos de forma temporal, hasta que se desarrollen los procesos selectivos que permitan ocuparlas de forma definitiva. Se trató de un salvavidas temporal con una bolsa de interino para que contraten los propios ayuntamientos, obligados desde enero de 2017 a contar con interventores, secretarios y tesoreros con habilitación nacional.

Detrás del déficit de estos habilitados nacionales en Galicia está la falta de funcionarios en España tanto porque el Gobierno apenas convoca oposiciones como por las plazas insuficientes que se convocan.

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