El fin de ayudas al tren costará hasta 363 euros al mes a los trabajadores gallegos
El rechazo de la oposición a las subvenciones a la movilidad impactará en quienes usen medios públicos | Los viajes en autobús se encarecerán un 30% desde febrero
Pasajeras esperan su turno para comprar un billete de tren en Vigo. | José Lores
Daniel Domínguez
La caída del decreto ómnibus del Gobierno tras el rechazo de la oposición —incluido Junts, que había apoyado la investidura de Pedro Sánchez— supondrá un golpe para el bolsillo de los trabajadores y estudiantes gallegos obligados a desplazarse a otras ciudades a diario. El fin del bono gratuito de transporte en tren supondrá un desembolso de hasta 363 euros al mes a quienes viajen regularmente entre Vigo y A Coruña, pues es el coste del abono mensual entre ambas ciudades. Además, los viajes interurbanos en autobús también se encarecerán a partir del mes próximo, al decaer la ayuda del 30% del Gobierno, que sumada al 20% que la Xunta mantendrá, permitía reducir a la mitad ese gasto.
La ruptura del bloque de investidura tras el rechazo de Junts al decreto del Gobierno que incluía desde la revalorización de las pensiones a las ayudas al transporte o el impuesto a las eléctricas condicionará el día a día de quienes están obligados a desplazarse entre ciudades cada día por motivos laborales o educativos.
El abono gratuito de Renfe, a cambio de un depósito de 20 euros que se devuelve al realizar un número mínimo de viajes, se puso en marcha en 2022 como una forma de paliar las consecuencias de la pandemia y del encarecimiento de los precios. Fue prorrogándose, pero ahora parece llegar a su fin. Quienes tengan ya el abono podrán disfrutarlo durante el primer cuatrimestre del año.
Su cancelación supondrá un coste mensual que variará en función del trayecto. Los viajeros regulares entre Vigo y Santiago deberían pagar los 363 euros que cuesta un abono mensual, mientras que entre Santiago y la ciudad olívica el coste alcanzaría los 268; entre A Coruña y Santiago, los 176; entre la capital gallega y Ourense, los 325; y entre A Coruña y esta, los 414, si se mantienen los precios previos a la entrada en vigor del sistema actual.
Además, también se anularán a partir de febrero las aportaciones del Gobierno para subvencionar el transporte interurbano por carretera. En la actualidad, en Galicia el viajero pagaba el 50% del precio, gracias a una subvención del 30% a cargo del Gobierno central y del 20% que pagaba la Xunta. Esta mantendrá su aportación durante este año, por lo que los billetes se encarecerán un 30% a partir de febrero.
Además, la Xunta trabaja para implantar el Área de Transportes de Galicia, que permitiría «extender a toda la comunidad las bonificaciones y ventajas de las áreas de transporte metropolitano», como la gratuidad de los transbordos, según la Consellería de Presidencia.
Además, la Xunta aplica descuentos como el 10% sobre la tarifa en efectivo, el 15% para usuarios recurrentes y hasta el 50% para familias numerosas o hasta 60 viajes gratis al mes para menores de 21 años y mayores de 65.
La situación ha generado inquietud entre los viajeros y las plataformas de usuarios reclaman medidas de apoyo a la movilidad de forma urgente.
En el ámbito político, el enfrentamiento se enciende con el Gobierno y el PSOE culpando al PP de no apoyar el decreto ómnibus.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó la falta de estabilidad del Gobierno y su Ejecutivo pidió a Moncloa dejar atrás «batallas partidistas».
Por su parte, Ana Pontón (BNG) urgió un decreto específico para aprobar la subida de pensiones y las ayudas al transporte y el socialista José Ramón Gómez Besteiro tachó de «castigo irracional» a pensionistas y viajeros el rechazo del PP a la citada norma.
La Xunta pide a Hacienda vías para pagarle los 702 millones de las entregas a cuenta
Una de las consecuencias del rechazo al decreto ómnibus afecta de lleno a las finanzas autonómicas, pues la Xunta dejará de percibir 702 millones de euros en concepto de actualización de entregas a cuenta, es decir, del dinero que la Administración central adelanta como previsión de la recaudación para la financiación de los servicios públicos. La falta de apoyos del Gobierno central impidió por segundo año consecutivo la aprobación de nuevos presupuestos y la prórroga de las cuentas vigentes, lo que supondría la congelación del dinero enviado a las comunidades.
La actualización se vinculó al decreto ómnibus. La Xunta evitó ayer aclarar cómo paliará esta falta de fondos, que a mediados del año pasado le costó 300 millones de euros en créditos, y dejó la pelota en el tejado del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. «El Gobierno decidió llevar la aprobación de la actualización de las entregas a cuenta al Congreso, teniendo formas más simples de aprobarlas, como hizo en 2020 a través de una decisión del Consejo de Ministros en la que se prorrogaron las de 2019», apuntaron ayer fuentes de la Consellería de Facenda. El decaimiento del decreto que actualiza esas cifras repercute en el momento de recibir el dinero, «no en las cifras». Por eso, la Xunta sostiene que el Gobierno es quien debe aportar el dinero prometido a lo largo del ejercicio actual.
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