Xunta y abogados exigen a Justicia fondos para extender la mediación a conflictos civiles y mercantiles

La nueva ley obligará en casos de impagos o divorcio a acudir a medios extrajudiciales antes que ir al juez | La reforma aliviará la congestión de los juzgados y reducirá tiempo y coste

Vista interior del edificio de los Nuevos Juzgados de A Coruña. |  E. V.

Vista interior del edificio de los Nuevos Juzgados de A Coruña. | E. V.

Desatasco de los juzgados y, en consecuencia, menos tiempo y menos coste. Es el objetivo que persigue la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entrará en vigor en varias fases a lo largo de este 2025 y por la que se hace obligatorio acudir a un sistema extrajudicial, como la mediación o la conciliación, para resolver un conflicto y así, de alcanzar un acuerdo, evitar ir a juicio. La lista de asuntos que antes de ir a pleito deberán sentar a las partes para negociar la resolución del problema es larga: desde reclamaciones de cantidades económicas, impago de alquileres, desahucios —salvo la recuperación de la vivienda por ocupación ilegal—, divorcio —menos las medidas urgentes para asegurar los alimentos y otras necesidades de los hijos—, demandas por deudas de propietarios a una comunidad de vecinos o daños por accidentes de tráfico. Será a partir del próximo 3 de abril, cuando estos asuntos de carácter civil y mercantil que colapsan los juzgados deberán acudir con carácter general a un sistema de resolución de controversias antes de presentar la demanda. Es decir, los abogados deberán primero intentar llegar a un acuerdo y certificar a través de un documento que han intentado «la actividad negociadora previa a la vía judicial», según recoge la ley.

Con esta normativa se da un giro de 180 grados a la Administración de Justicia. Supone un cambio de paradigma, tanto en la organización de los tribunales como en las reformas procesales, lo que implicará cambios importantes y profundos en la labor de los profesionales del Derecho. «Uno de los objetivos es el descargar gran parte de los asuntos que actualmente llegan a los juzgados», apunta el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco Rabuñal Mosquera. Reconoce que se dispararán los asuntos por vía extrajudicial con esta reforma aunque el alcance «es difícil de cuantificar». «Se han constituido como un requisito de procedibilidad en procesos civiles y mercantiles, la previsión es que sea grande, ya que sin esta actividad previa, no se tendrá acceso al proceso judicial», detalla Rabuñal, aunque advierte de que el desarrollo de la norma «dependerá de la dotación de medios y, por tanto, del presupuesto que se dedique a Justicia», porque —cuestiona— «siempre ha sido insuficiente». «Que se institucionalice y se regule el uso de esos medios alternativos no parece malo —añade el presidente del Consello da Avogacía Galega—, aunque el problema —advierte— surge si esto termina siendo una nueva fuente de gasto, tanto de tiempo como de dinero, para las partes; ya que hay temas que una sola sentencia es capaz de resolver».

Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes se facilitarán los recursos para el desarrollo de la ley. Y es que el coste, lo tendrán que asumir las comunidades con competencias en Justicia, como es el caso de Galicia, y que —advierten desde la Administración autonómica— «no conlleva transferencia económica por parte del Estado». «Supone un impacto económico en la partida presupuestaria: la reorganización de los efectivos (funcionarios de Justicia), la creación de las aplicaciones tecnológicas (equipos de videoconferencias, portales de listados para los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos), retribución de los agentes mediadores, creación de puestos individualizados en las oficinas judiciales», detallan desde el departamento que dirige Diego Calvo. En una comisión mixta de Justicia entre Xunta y el TSXG celebrada este jueves, el conselleiro de Xustiza lamentó que el Gobierno central no hiciese un análisis de los costes de implantación de la nueva ley al tiempo que criticó que no vaya aparejada de dotación presupuestaria y se carguen los costes a las comunidades.

En la actualidad no existe un servicio en las oficinas judiciales de mediación, sino que es una nueva creación de la ley. Existe por medio de convenios con determinados colegios profesionales. La Xunta trabaja desde 2008 en este modelo de manera que la mediación intrajudicial familiar ya está implantada en todas las ciudades gallegas y lleva a cabo otros proyectos con mediación en el ámbito civil y penal. Desde Xustiza, advierten de que es «imprescindible» reducir la litigiosidad y con ello «no solo lograr la paz social, sino también mejorar la calidad del trabajo judicial y el tiempo de respuesta de los asuntos».

La piedra angular de esta ley es la regulación de lo el «requisito de procedibilidad»: los abogados deberán intentar llegar a un acuerdo y certificar con un documento que han intentado «la actividad negociadora previa a la vía judicial», detalla la nueva ley. Los métodos de negociación son variados: mediación, conciliación, oferta vinculante, opinión neutral de una persona experta independiente o derecho colaborativo, en el que los letrados que participan en la negociación no pueden intervenir en el proceso judicial si no hay pacto, lo que fuerza la resolución del conflicto. Según la materia de la que se trate, el medio utilizado deberá ser distinto. Si se trata de ejercitar una reclamación de un crédito probablemente el instrumento más idóneo será la oferta vinculante y si es un tema de familia, la mediación o conciliación.

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