El 30% de las plazas de interventores y secretarios municipales están vacantes
Los más de 100 concellos sin habilitado nacional recurren a personal de la casa, como policías o técnicos, a la bolsa de interinos de la Xunta, o comparten alto funcionario con otro municipio

Concello de Ourense, uno de los 110 ayuntamientos gallegos con vacantes de altos funcionarios. | | I. O.
Su papel es clave para el control interno de la actividad económica de los concellos, tanto de los órganos políticos, como la tesorería y la recaudación, así como en el asesoramiento legal en asuntos de especial relevancia, el levantamiento de actas y expedición de certificados sobre acuerdos y resoluciones municipales o la contabilidad del día a día. Se trata de los interventores, secretarios y tesoreros, unos funcionarios de habilitación nacional a los que están obligados los ayuntamientos, ya no solo por su formación sino también con el objetivo de que la adjudicación del puesto no dependa de la entidad en la que desempeñan su trabajo.
Galicia tiene reservados para estos altos funcionarios, entre los 313 concellos, las diputaciones y algunas mancomunidades, 559 puestos, pero 157 —150 de ellos en los ayuntamientos—, están vacantes, lo que se traduce en un déficit del 30%. En concreto, en la subescala de Secretaría-Intervención en las entidades locales hay 46 vacantes —42 en concellos—, en la de Intervención-Tesorería 75 —74 en ayuntamientos— y en la de Secretaría 36 —34 en consistorios—, según datos de la Consellería de Presidencia. En total son 110 los ayuntamientos gallegos que carecen de titular con habilitación nacional —34 de la provincia de A Coruña, 19 de Lugo, 24 de Ourense y 33 de Pontevedra—. De las ciudades, solo A Coruña y Vigo tienen todos sus puestos cubiertos.
Los principales lastres de esta carencia de habilitados nacionales en estos puestos son la formación y las presiones, tal y como advierte el presidente del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de A Coruña-Pontevedra (Cosital), José Antonio Rueda. «Los habilitados nacionales pasan por procesos de selección de los más exigentes y, además, estamos a salvo de las presiones que puedan generar fisuras en la responsabilidad de la actividad», apunta Rueda.
Para las plazas que no están atendidas por habilitados nacionales hay tres opciones: que las asuman altos funcionarios de otros concellos (lo que se conoce por «acumulación», que varios ayuntamientos comparten interventor, secretario o tesorero), que sea con un nombramiento accidental (un funcionario de carrera del concello se encarga de ese papel, aunque para los de más de 5.000 habitantes se exige que pertenezca al subgrupo A1) o que se recurra a la bolsa de interinos creada por la Xunta.
¿Inconvenientes de estas tres opciones? En el caso de los concellos que comparten habilitado nacional, el presidente de Cosital A Coruña-Pontevedra advierte de que «la dedicación es forzosamente limitada al tener este al cargo varias entidades locales». En Galicia a día de hoy son 26 los concellos que comparten habilitado nacional —casi el 12% de los puestos de la comunidad en esta situación, detalla Rueda—. Para los nombramientos accidentales, que en ocasiones ha recaído esa función en policías locales o técnicos de empleo, apunta que en estos casos hay «mayor riesgo de presiones». «Nada garantiza que el funcionario designado tenga conocimiento de la tarea a desempeñas. De hecho —sentencia— en muchos casos no es así».
Y para la opción de los nombramientos interinos, Rueda advierte de que los procesos selectivos son «muy livianos», con el consiguiente «riesgo» para el desempeño de la función ya que —sostiene— estos funcionarios «no cuentan con la protección inherente a la condición de funcionario de carrera».
El próximo mes de marzo, el Gobierno central lanzará una convocatoria de 1.000 plazas de interventores, tesoreros y secretarios, 31 de ellos para ayuntamientos gallegos. Esta oferta incluye como novedad una distribución territorial, pero desde Cosital advierten de que es muy probable que en la práctica eso solo significa que en cada comunidad haya un tribunal que seleccione a los candidatos, pero que luego, en atención al carácter nacional de la escala, podrán terminar trabajando en cualquier lugar de España. «El tribunal de Galicia seleccionará 31 nuevos habilitados, pero nada garantiza que se vayan a quedar aquí, porque lo que se ofrece en la oposición no son destinos, sino la posibilidad de acceso a la profesión, para después participar en los sistemas de provisión», concluye José Antonio Rueda.
Los concellos alertan de los riesgos: «graves problemas de funcionamiento» y «parálisis total»
Controles más débiles y empeoramiento de su calidad técnica. Son las consecuencias del déficit de habilitados nacionales en los puestos de interventores, secretarios y tesoreros municipales, según advierten desde el sector. «Todo el mundo entiende —ejemplifican— que un enfermero no puede sustituir el papel de un médico; esto no deja de ser algo similar».
Para los ayuntamientos es fundamental que cuenten con estos altos funcionarios. «Son imprescindibles para la gestión diaria», apuntan fuentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), por lo que urgen a «evitar carencias de habilitados que generan problemas graves de funcionamiento que, incluso, pueden derivar en parálisis total de la gestión municipal, como se tiene padecido en casos extremos».
Para el órgano de poder local es una «buena noticia» la convocatoria de este año, con 31 plazas para Galicia, ya que desde 2022 no se había lanzado ninguna. «Ahora urge que desde la Xunta promuevan el proceso de selección, las pruebas de acceso, el proceso de selección y el curso selectivo de las personas aspirantes para las 3 plazas de secretaría, 10 de intervención-tesorería y 18 de secretaría-intervención», reclaman desde la Fegamp, al tiempo que apremian al Ejecutivo autonómico a confirmar los concellos destino.
Por otra parte, los ayuntamientos gallegos ponen sobre la mesa una vieja reivindicación de Fegamp, Xunta y Parlamento al Ministerio de Hacienda: la descentralización de estas oposiciones.
La falta de relevo generacional agrava el déficit de altos funcionarios
«La situación de partida, con un número apreciable de vacantes, se ve agravada por la falta de relevo generacional», advierte el presidente del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de A Coruña-Pontevedra (Cosital), José Antonio Rueda.
Dos son las principales causas de esta falta de relevo generacional. Por un lado, apunta, un número «muy elevado» de jubilaciones que son producto de la gran cantidad de incorporaciones registrada en la segunda mitad de los años 80. Y, por otra parte, un número «muy reducido» de las nuevas incorporaciones. Esto se debe, explica Rueda, a la limitación de las ofertas de empleo, ya no tanto en los último ejercicios, pero sí durante varios años, a partir de 2007, que «contribuyeron a agrandar una brecha que aún no se ha superado». Pero también se debe a que —añade— «muchas de las plazas ofertadas no se cubran tras la celebración de la oposición». Y, en menor medida, la falta de opositores debido al menor interés que el empleo público —«y ya no solo la habilitación nacional», dice— parece despertar entre los nuevos graduados universitarios.
En la actualidad están en marcha los procesos selectivos de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2022 (794 plazas de turno libre y 300 de promoción interna en el conjunto del país ) y 2023 (501 de turno libre y 300 de promoción interna), a las que habrá que añadir las plazas que quedaron desiertas tras los procesos selectivos derivados de la oferta de 2022.
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