Las ayudas del Bono Emancípate: un tope de renta de 25.200 euros al año

El Bono Emancípate de la Xunta permitirá a alrededor de un millar de jóvenes de hasta 35 años lograr entre 1.500 y 3.000 euros para pagar gastos vinculados al inicio de una vida lejos del hogar familiar en cuestiones tales como mobiliario, ajuar, electrodomésticos, gastos de notaría o mudanza. El tope para acceder a este cheque será de 25.200 euros como baremo estándar.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará hoy la convocatoria de esta ayuda, que la Xunta defiende como inédita en las comunidades autónomas y que está abierta a quienes se hayan emancipado desde el 31 de mayo del año pasado al 30 de abril de este. La medida contará con 2 millones de presupuesto y se espera que beneficie a alrededor de un millar de personas, según indicó ayer el conselleiro de Cultura e Xuventude, José López Campos, tras la reunión del Consello de la Xunta que analizó esta medida con la que el Ejecutivo pretende mejorar la emancipación y facilitar el acceso a la vivienda.

El plazo para solicitar el dinero se abrirá el 6 de febrero y se cerrará el 30 de abril. Podrán obtener 1.500 euros quienes se independicen en un piso de alquiler y 3.000 quienes lo hagan mediante la adquisición de un inmueble. Recibirán ese abono mediante tarjetas monedero virtuales para gastar en tiendas físicas de la comunidad, lo que pretende ayudar «al comercio local», según indicó López Campos, que reconoció, a preguntas de la prensa, el establecimiento de límites de renta para cobrar estas ayudas.

En el caso de las personas que las soliciten para vivir individualmente, se fijará tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). En la actualidad es de 8.400 euros anuales, por lo que el tope sería de 25.200 euros, si bien se ampliará en el caso de una minusvalía del 33% hasta cuatro veces (33.600 euros) y cinco en el caso de un porcentaje superior (42.000). En el caso de familias, los umbrales serán para los ingresos sumados de sus integrantes, con cuatro veces el Iprem de manera general (33.600); cinco con una minusvalía de hasta el 33% y seis en el caso de una superior.

Por otra parte, Galicia sigue dando pasos para establecer la normativa que permita la gestión de su litoral, determinando en qué zonas podrán desarrollarse fábricas del sector marítimo, sendas del litoral, aparcamientos para turistas o incluso zonas para autocaravanas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que se abrirá de manera inmediata un «período de consulta pública previa al anteproyecto de decreto por el que se crean las Directrices de Ordenación del Litoral», un plazo que durará dos meses y que pretende recabar propuestas individuales y sectoriales sobre esta normativa, que pretende desarrollar la Lei do Litoral autonómica, que otorga a la Xunta la potestad para regular los usos en la costa.

Esta cuestión generó un enfrentamiento con el Gobierno central, que recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que finalmente le dio la razón a la Xunta, obligando a cederle a esta las competencias en materia de primera línea del litoral, que ya asumió Euskadi el mes pasado.