Operación Anavia
Tres empresarios investigados al ser identificados 82 trabajadores en situación irregular en una finca agrícola de Lugo
La mayoría de los temporeros son inmigrantes de origen africano carecen de permiso de residencia. Los empresarios están investigados por un delito contra los derechos de los trabajadores

Tres empresarios investigados al identificar a 82 trabajadores en situación irregular en una finca agrícola de Lugo / LOC
Tres empresarios están investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras ser localizados 82 inmigrantes en situación irregular durante una inspección en una explotación agrícola de Lugo. La operación Anavia, llevada a cabo por el equipo de delitos contra las personas de la Policía Judicial de A Coruña en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Lugo, se inició al tener constancia de la presencia de un centenar de personas de origen africano que se encontraban alojadas en un hotel en Ordes, después de que un residente de la zona alertase a la Guardia Civil de la llegada de numerosas personas desorientadas y que no sabían a dónde dirigirse.
Tras identificar a estas personas que se encontraban en situación irregular, realizar entrevistas y recopilar información en los servicios sociales, los agentes determinaron que habían viajado desde el sur de España, principalmente desde Granada, con la promesa de trabajar en una explotación agrícola en Lugo. "Los inmigrantes debían pagar un importe diario por alojarse en distintas localidades de Galicia, además de abonar el transporte diario hasta la finca", señalan.
Durante la inspección, en un operativo desarrollado entre la ITSS de Lugo, la UOPJ de A Coruña y efectivos de la Guardia Civil de Lugo, los efectivos encontraron a 92 trabajadores, de los cuales 82 eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, que carecían de permiso de residencia y trabajo.
Según la investigación, un entramado empresarial facilitaba la contratación irregular de temporeros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con domicilio en Sevilla. Esta empresa daba de alta ficticia a un número de reducido de trabajadores en situación irregular, mientras empleaban sin contrato al resto de los temporeros.
Las tres personas investigadas, responsables de varias empresas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Vilalba.
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