Galicia es ya la cuarta comunidad con más peticiones de asilo internacional

Más de 8.400 personas solicitaron esta medida de protección durante 2024, el doble que hace cinco años

Muchos migrantes se acogen a esta vía para regularizar su situación a medio plazo

Un grupo de inmigrantes en el Monte do Gozo.

Un grupo de inmigrantes en el Monte do Gozo. / Antonio Hernández

Mateo G. Triñanes

Galicia se convirtió durante el pasado año en la cuarta comunidad que más peticiones de asilo internacional recibió, únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña. El ritmo de solicitudes se mantuvo, durante el pasado año, prácticamente invariable, con 8.415 demandas —tan solo 36 menos de las registradas en 2023—. Un número con el que la comunidad supera a las Islas Canarias en demandantes de protección internacional, según los datos publicados recientemente por el Ministerio del Interior.

A lo largo de los últimos años, el número de personas que acuden a este mecanismo para tratar de regularizar su situación migratoria en el país se ha incrementado sustancialmente. De hecho, las más de 8.400 peticiones registradas en Galicia, tanto en 2023 como en 2024, son más del doble de las contabilizadas hace tan solo cinco años.

Pudiera parecer que este incremento viene marcado por el estallido de diferentes conflictos bélicos como la invasión de Ucrania en 2022, que provocó la marcha forzada de su país de cientos de miles de personas o la guerra civil de Mali, que ha causado la llegada de miles de personas a las costas canarias. Sin embargo, de las 167.366 que demandaron protección internacional en España durante el pasado año, el 63,5% fueron cursadas por migrantes llegados al territorio estatal desde Venezuela y Colombia.

Una vía para la regularización

Según apunta Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración, la pujanza de demandantes de asilo viene marcada principalmente por las dificultades existentes en el marco jurídico español para que los migrantes puedan regularizar su situación en el país.

«La regulación, tal y como está en la actualidad, condena a las personas migrantes a estar en el país de manera irregular al menos durante tres años. Dos si consiguen lograr el arraigo por formación», explica Fernández. Con este supuesto encima de la mesa, muchos migrantes recurren a la solicitud de asilo internacional, puesto que mientras que el departamento que dirige Grande-Marlaska no resuelva definitivamente el expediente, los demandantes podrán sellar un contrato laboral o matricularse académicamente.

«Desde el Foro consideramos que sería importante llevar a cabo dos medidas en este sentido. La primera sería aprobar la ILP para regularizar la situación de todas aquellas personas que ya se encuentran aquí. Y en segundo lugar, la redacción de un nuevo texto legislativo que reduzca en gran medida los tiempos en situación irregular», apunta Miguel Fernández.

En su opinión, los largos tiempos de espera para poder lograr establecerse legalmente en el país conllevan, en la práctica, que los migrantes en muchas ocasiones tengan que aceptar llevar a cabo trabajos en condiciones más que deficientes. «Todos tienen que buscarse a vida, y por eso se dan situaciones como la de Lugo —en alusión a los 82 migrantes presuntamente explotados laboralmente en Begonte—», lamenta el portavoz del Foro Galego da Inmigración.

Más de dos años de espera

Precisamente, la adopción de este mecanismo por un elevado número de migrantes regulares ha causado que el sistema de resolución se encuentre en este momento sobresaturado. «Exceptuando la situación extraordinaria con los migrantes de Mali a lo largo del pasado año, las personas solicitantes de asilo están esperando más de dos años a que se resuelva su petición», apunta Miguel Fernández.

La referencia a los migrantes malienses realizada por el portavoz del Foro tiene que ver con aquellos jóvenes que durante el pasado verano se instalaron en diferentes puntos de Galicia, en virtud del reparto realizado por el Gobierno estatal para aliviar la carga migratoria en la que se encontraba el archipiélago canario. Tan solo unos meses después —en noviembre—, las resoluciones comenzaron a llegar, provocando el abandono de los centros de acogida habilitados de casi veinte de ellos a los que se les denegó el asilo por la inexistencia de un conflicto bélico en sus países de procedencia (Senegal, Kenia o Gambia).

Una situación que afecta a buena parte de los solicitantes de asilo en España, ya que de las 90.029 resoluciones firmadas por el Ministerio del Interior durante el año pasado casi 40.000 fueron desfavorables.

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