La reforma de la teleasistencia causa por vez primera esperas en el servicio

«Antes, los dependientes a los que se les concedía la teleasistencia recibían la prestación de forma casi inmediata. Ahora, con la reforma del Gobierno y el aumento de usuarios, tenemos por primera vez lista de espera. En mi zona, que es Vigo, tengo expedientes aprobados el verano pasado y que todavía están esperando». Una trabajadora social de la ciudad olívica expresa la realidad que experimentan los dependientes en relación al servicio de teleasistencia, consistente en un mecanismo de alerta —un botón en un medallón, un teléfono o un reloj— para avisar a emergencias en caso de una indisposición, caída o accidente de cualquier tipo.

Los gallegos dependientes que tienen derecho a esta prestación se multiplicaron un 128% en año y medio, pasando de 9.250 en julio de 2023 a los 21.170 del cierre de diciembre de 2024, según los datos del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La Xunta atiende a algo más de 10.000.

El motivo radica precisamente en un cambio legal abordado por el Gobierno a tres días de las elecciones generales de julio de 2023, ampliando la teleasistencia como servicio complementario a todos los dependientes, salvo aquellos ingresados en residencias, al estar estos monitorizados las 24 horas. Hasta ese cambio legal, la teleasistencia era una prestación más, como una plaza en un centro de día o la ayuda a domicilio. Ahora no».

«Se le concede incluso a personas con un grado III [dependencia grave] que no lo necesita, a no ser que luego renuncien al sistema», expone esa trabajadora social. El coordinador del Colexio Oficial de Traballo Social, David Gontán, añade que esas situaciones se producen en otros concellos, como Santiago.

La teleasistencia sufre, por tanto, por primera vez esperas, algo crónico en el resto de prestaciones, con una demora entre la valoración de cada caso y el acceso a la prestación de un año de media. Desde la Consellería de Política Social no cifran esa lista de espera, pues en los casos de demencias, alzhéimer o situaciones de personas encamadas la teleasistencia no les resulta tan útil y, por tanto, podrían renunciar a ella, depurando las listas.

«No tentemos constancia de que existan problemas con la teleasistencia», sostienen fuentes de Política Social, si bien reconocen un vacío entre las personas que atienden y los usuarios con derecho a prestación y con plan de atención individualizado .

«La Xunta, a través de Cruz Roja, presta el servicio de teleasistencia a más de 10.000 personas», apuntan. «Las 21.000 personas a las que alude el Imserso son aquellas con la dependencia reconocida que tienen derecho a recibir atención de teleasistencia, ya sea como servicio principal o complementario a otra prestación en cumplimiento de los cambios aprobados por el Gobierno central en 2023», añaden, tras recordar que «no todos los usuarios de la teleasistencia son de la Xunta, pues las diputaciones también prestan ese servicio».

Sin embargo, en el caso de las diputaciones hay requisitos como no ser dependiente, como establece el modelo de A Coruña, por lo que no estarían dentro del paraguas de la Ley de Dependencia.

Las personas con derecho a teleasistencia se ha disparado, sobre todo, entre los dependientes más graves, pues los grado III pasaron de 1.879 en julio de 2023 a 6.164, un incremento del 228%. En el caso de los grado II (de 3.425 a 7.092) y de grado I (de 3.946 a 7.914).

El coordinador autonómico de Cruz Roja, Joaquín Varela, destaca el «cambio inesperado» generado por la reforma estatal y que «muchas personas con dependencia han recibido la autorización para recibir la teleasistencia cuando no la necesitan», generando un problema. «Antes los usuarios crecían de forma moderada y se valoraba si necesitaban este servicio. Ahora no, da igual la valoración», sostiene, tras recordar que ellos atienden a 10.000 personas porque es la cifra contratada con Política Social.

La Xunta exige al Gobierno que eleve sus fondos para cubrir el 50% del gasto

Política Social reitera la exigencia al Gobierno de aportar fondos para asumir este cambio legal. «Seguimos demandando que cumpla, de una vez por todas, con la Ley de Dependencia en lo relativo a la cofinanciación del gasto en dependencia entre la Administración del Estado y la autonómica. El Gobierno central arrastra con Galicia una deuda de más de 2.500 millones de euros por la insuficiente financiación de los costes del servicio», exige el departamento dirigido por Fabiola García. Política Social, además, está finalizando la ampliación a esas más de diez mil personas con teleasistencia atendida por la Xunta al modelo avanzado, que mejoran el servicio respecto al contacto telefónico con una centralita o el aviso a las emergencias en caso de una caída o similar. «La principal novedad de estos dispositivos es que incluyen sensores para informar sobre posibles escapes de gas, existencia de humo y calidad de aire», relatan fuentes del citado departamento. «Además, los equipos de comunicación se conectan directamente con la centralita de teleasistencia a través de la tarjeta SIM sin necesidad de cable, adaptándonos a la nueva situación de las telecomunicaciones en nuestro territorio», finalizan.