El Congreso decide volver a aplazar la tramitación de la transferencia de la AP-9

La transferencia de la AP-9 tendrá que volver a esperar. De nuevo. La Mesa del Congreso acordó ayer otra prórroga —e irían 18— en el plazo de presentación de enmiendas a la proposición no de ley para la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, cuya toma en consideración por el procedimiento de urgencia había sido aprobada el mes de junio del año pasado.

Para los populares, esta nueva dilación, que tachan de «boicot» por parte del presidente del Gobierno, es «lamentable». Así lo denunciaron ayer los diputados del PPdeG en el Congreso, quienes reprocharon a Pedro Sánchez estar «más preocupado por aferrarse a la silla de La Moncloa» a costa de «ceder ante el independentismo catalán» que por «cumplir con la demanda unánime del pueblo gallego en torno a la transferencia de la AP-9 a la comunidad».

Los populares en la Cámara Baja cuestionaron que esta nueva postergación provoca que «los aplazamientos en la tramitación de esta iniciativa asciendan a 33 desde la llegada de Sánchez a La Moncloa». «Primero fueron aplazando el plazo de presentación de enmiendas hasta llegar a 15 prórrogas, después boicotearon su tramitación en la ponencia y finalmente la disolución de las Cortes impidió que saliera adelante», sostienen. En cambio, censuran, el Gobierno central «no tiene problemas para someterse a los humillantes chantajes del independentismo catalán», en alusión a la admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de una proposición no de ley de Junts instando al presidente del Ejecutivo central a someterse a una cuestión de confianza.

Los populares consideran «lamentable» la nueva dilación. En concreto, el diputado gallego Celso Delgado asegura que «todo apunta a que el PSOE, con la connivencia del socialismo gallego, está favoreciendo una prórroga indefinida de los plazos para que tampoco esta Legislatura se haga efectiva la transferencia a Galicia de la titularidad y la gestión de la principal autopista de la comunidad». Se trata, censura, de «un nuevo ultraje a Galicia».