La mina de Touro recibe 6.000 alegaciones a favor del proyecto

El viernes culminó el proceso de exposición pública para reabrir una explotación de cobre en la que se invertirán 200 millones

Presentación del proyecto de la mina de cobre San Rafael, en Touro (A Coruña).

Presentación del proyecto de la mina de cobre San Rafael, en Touro (A Coruña). / LOC

R. S.

La empresa Cobre San Rafael, principal promotora de un proyecto para reanudar la actividad extractiva en la mina de Touro-O Pino (en la provincia de A Coruña), asegura, a través de un comunicado, que dispone de 6.000 «alegaciones positivas» a su iniciativa, que se encuentra en tramitación ante la Xunta.

Según los cálculos de la empresa, se trata «en su mayoría de vecinos» de la comarca coruñesa que supuestamente respaldan su iniciativa en la zona donde prevé llevar a cabo la actividad, lo que «evidencia el respaldo social e industrial a la reactivación de la mina».

Según los promotores, su proyecto, que el pasado viernes culminó el proceso de exposición pública para presentar alegaciones, «aspira a convertirse en un modelo de referencia para una minería sostenible, innovadora y generadora de valor para la comunidad autónoma».

Afirma que, además, cuenta con el apoyo de las asociaciones empresariales Aminer o Primigea, la Cámara Minera de Galicia, la patronal metalúrgica gallega Asime, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia y la asociación de ingenieros Coinme.

El proyecto de Cobre San Rafael prevé, según esa empresa, invertir unos 200 millones de euros y generar «más de 400 empleos directos y hasta 1.600 puestos de trabajo considerando también los indirectos e inducidos» en la explotación de la mina durante 16 años, según el comunicado. Con ello, «se contribuirá a eliminar el desempleo industrial en quince ayuntamientos de su área de influencia».

La misma firma, junto con Explotaciones Gallegas —que extrae ahora áridos de la zona— y la multinacional Atalaya Mining, con sede en Chipre, ya presentaron en 2017 un proyecto similar para invertir 200 millones de euros y generar 400 empleos para extraer cobre, pero en enero de 2020 la Xunta lo rechazó alegando informes técnicos medioambientales desfavorables.

La mina de cobre fue explotada de 1973 a 1989 por la firma Riotinto Patiño y a partir de entonces fue abandonada en condiciones precarias sin el tratamiento de materiales contaminantes acumulados, lo que ha llevado a varias asociaciones a denunciar filtraciones que afectan a ríos y un potencial peligro para actividades agropecuarias y de pesca susceptibles de perjudicar la economía local.

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