La Guardia Civil de Cangas liquida seis puntos de venta de Rivotril
Para hacerse con recetas, algún implicado llegó a atemorizar a un médico con un arma blanca | Los tres sanitarios investigados pueden seguir ejerciendo y el Sergas apela a la «prudencia»

Los agentes, con el detenido, salen del edificio ocupado. / Santos Álvarez
Fran G. Sas | A. Otero
El detenido este jueves como presunto cabecilla de la trama de tráfico de Rivotril en Cangas, J.M.J.J., de 59 años, fue puesto en libertad a la espera de ser llamado a declarar en el juzgado de Cangas. Tras pasar casi todo el día en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Cangas junto a su pareja, se optó por no retenerlo más tiempo del imprescindible al contar con domicilio conocido, aunque se trate de una casa ocupa, además de arraigo social y tras dar muestras suficientes de que se presentará al juzgado cuando sea requerido. La operación sigue abierta y está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cangas.
Desde que comenzaron las investigaciones de esta trama en el año 2022 se desmantelaron hasta seis puntos de venta de Rivotril en Cangas, lo que reduce su disponibilidad en el mercado negro en estos momentos. En todos ellos lo habitual era que los compradores contactasen con los vendedores a través de redes como Instagram o por Whatsapp para fijar las ventas.
La detención se produjo en una casa ocupa de la calle Atranco a primera hora del jueves. Se enmarca en una investigación exhaustiva que la Guardia Civil inició hace años, con varias tramas de venta de Rivotril, que es la marca comercial del ansiolítico clonazepam. Es el principal ingrediente de la llamada droga de los pobres o karkubi, cuyo consumo entre los jóvenes de la comarca se disparó en los últimos años alertando a los sanitarios y poniendo sobre la pista a las fuerzas de seguridad.
En la operación del jueves hay 16 investigados, entre ellos tres médicos de centros de salud de Cangas y Vigo, dos psiquiatras y un farmacéutico. Ahora se conocen más detalles sobre el modus operandi de los presuntos implicados en la trama. Los que lograban las recetas conocen incluso los turnos de los distintos facultativos, para no presentarse siempre ante los mismos médicos, según explican desde el sector sanitario de la comarca.
El detenido el jueves llegó a amenazar con un arma blanca a un médico de la comarca para exigir una receta de Rivotril e incluso coaccionó, presuntamente, a facultativos exigiendo que le recetasen fentanilo.
Modus operandi
Los implicados mayores de edad, aunque muy jóvenes, que quieren conseguir el ansiolítico describen los síntomas que buscan en internet ante el psiquiatra para lograr las recetas de este medicamento y de otros psicotrópicos. Insisten hasta conseguir la máxima cantidad posible. Suelen utilizar también los servicios de urgencias, aprovechando sobre todo cuando los doctores están saturados y con poco tiempo, para conseguir su objetivo.
Además, hay al menos otros dos menores de edad, de unos quince años, investigados por la Fiscalía de Menores de Pontevedra. Se les acusa de falsificar recetas en PDF que imprimían directamente en una librería canguesa. Conseguían así el producto para revender.
En el edificio ocupado los vecinos alertan de la entrada de menores de edad para comprar el karkubi, que consumirían dentro del inmueble. Las veces que fueron parados por agentes municipales mostraban claros síntomas de haber consumido droga pero ya no portaban ninguna sustancia sospechosa.
El Sergas pide «prudencia»
Los tres médicos de familia y dos psiquiatras que permanecen como investigados por la Guardia Civil por su supuesta participación en la red de tráfico de medicamentos en Cangas y Vigo pueden seguir ejerciendo, ya que ni el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ni el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra prevén por ahora adoptar medidas.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmó ayer en Mos (Pontevedra) que la administración no prevé ningún movimiento porque lo que toca ahora es «respetar la investigación» del Instituto Armado y «colaborar». «Una vez la investigación avance y tengamos algún otro dato, la Consellería de Sanidade verá si tiene que tomar alguna medida», añadió Gómez Caamaño, quien insistió en que «hay que ser muy prudente» con este tema y «dejar trabajar a la Guardia Civil».
Tampoco el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha emprendido un procedimiento sancionador. «Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario», manifiesta el secretario general, Jorge Nogueira.
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