La A-9 encareció sus peajes este año más del doble que la media europea

La Direction de l’information légale et administrative (Dirección de Información Legal y Administrativa) del Gobierno francés actualizó este mes de febrero las tarifas de las principales vías de peaje del país. El alza se ha materializado «muy por debajo de la inflación», ha enfatizado El Elíseo en una nota oficial. En efecto, el IPC galo (indice des prix à la consommation) medró en dos puntos porcentuales durante el ejercicio 2024, frente al 0,92% de subida media fijada para las principales carreteras de pago. Las autopistas de Cofiroute (A10, A11, A85), que es una concesionaria controlada por Vinci, cuestan ahora un 0,76% más. Las gestionadas por Sanef (A1, A4, A16, A26), en este caso propiedad del grupo español Abertis, se encarecieron otro 0,84%, frente al 1,08% de las de APRR, de Grupo Eiffage (A5, A6, A42, A71, A75). A años luz, en todos los casos, del nuevo acelerón experimentado por los peajes de la única vía de alta capacidad que vertebra Galicia de norte a sur, la AP-9, y el 5,34% de incremento ejecutado desde el 1 de enero. Pero es que la actualización de precios para la autopista gallega supera ampliamente el promedio de las principales vías de peaje de la UE.

En Irlanda se utiliza como umbral de referencia el IPC interanual entre meses de agosto: fue del 1,7%, según la autoridad estatal de transportes (Transport Infrastructure Ireland, TII). Según su marco normativo, los peajes «no pueden superar el impacto inflacionario» y, de hecho, buena parte de las 10 autopistas de su red nacional de carreteras —se gestionan principalmente con modelos de asociación público-privada— han mantenido precios.

El túnel del puerto de Dublín, por ejemplo, solo subió sus tarifas entre las 06.00 y las 10.00 horas de la mañana: pasó de 12 a 13 euros. Pero para las vías de pago M1 y M7 las alzas dejaron al margen a motocicletas y turismos; en la M3 solo han afectado a camiones de más de 3.500 kilos. Portugal tampoco se acercó a los valores de la AP-9 al haber decretado una actualización de precios media del 1,97%. Pero es que desde el 1 de enero hay cuatro vías lusas que se han convertido en gratuitas, con un coste para el erario público de 157 millones de euros. Son carreteras antes conocidas como autopistas SCUT (sem custo para o utilizador), que empezaron a cobrar peaje tras la crisis de 2008.

En general, los países europeos continúan utilizando de forma preferente el IPC para realizar una indexación en los precios, aunque continúan introduciéndose baremos como el uso de vías de pago en horas punta (como el puente de Dublín) o por intensidad de las emisiones. Polonia se limita a la inflación como marco de referencia, lo que se tradujo en una revalorización media de los peajes del 3,3%. En Hungría fue muy similar, del 3,4%, aunque su Ejecutivo decidió esta vez no aplicar un alza sobre una tasa extra que grava el uso de las carreteras y denominada «de costes externos» (külsőköltségdíj). Los puentes de Øresund (entre Copenhague y Malmö) y de Storebælt (conecta las islas de Selandia y Fionia, en Dinamarca) se han encarecido un 1,5% y 2%, respectivamente.

Beneficios

Si Audasa mantiene la cadencia de resultados del último ejercicio completo, cuando incrementó sus ganancias un 25%, los nuevos propietarios —el fondo APG y SwissLife— podrán rebasar sin dificultad los 100 millones de ganancias netas. Lo que sí es seguro es que superarán por primera vez los 200 millones de euros de facturación: la AP-9 recaudó 192,5 millones en todo el año 2023 y rebasó los 96,6 millones en el primer semestre de 2024. Más de un tercio de este importe procederá de las arcas públicas, sobre todo por el esquema reforzado de bonificaciones amparadas en el Real Decreto 681/2021, pero también por los peajes en sombra. Esta de Audasa es la autopista más rentable de toda la red de carreteras del Estado.

La concesión, vigente de momento hasta 2048 aunque tenía que haber expirado en agosto de 2023, está en tela de juicio por la Comisión Europea. El Gobierno de José María Aznar la alargó de forma irregular, a juicio de las autoridades comunitarias, para elevar su precio de cara a la privatización.