La Xunta combate delitos urbanísticos con menos multas pero más piqueta

Una casa construida sin permiso en suelo rústico, un chalé edificado en zona de dominio público costero, un galpón levantado sin licencia o la ampliación de una vivienda sin contar con la debida licencia... Durante años imperó el «ti vai facendo» en el territorio gallego, pero desde hace quince años la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) vigila de cerca las infracciones en materia de urbanismo. Y para combatirlas recurre más a la «piqueta» que a las multas. En 2024 ordenó la demolición de 160 edificaciones ilegales, la cifra más alta de los últimos seis años. Sin embargo, solo impuso 43 sanciones, todo por irregularidades en materia de costas, un 22 por ciento menos que el año anterior.

Según el balance de actividad de la APLU correspondiente al año pasado, solo dos de cada diez expedientes abiertos por infracciones urbanísticas se salda con una multa.

En general, el número de procedimientos iniciados por la Xunta por irregularidades en materia de urbanismo descendió el pasado año hasta los 222 —52 menos que en 2023— y la cifra más baja de los últimos cuatro años. Lejos queda esta cifra de los 505 expedientes abiertos hace una década, por ejemplo. Una mayor concienciación ciudadana y la persecución activa de este tipo de delitos han contribuido a reducir las infracciones.

Estos procedimientos pueden tardar en resolverse. En 2024 se finalizaron 250. En la persecución de ilegalidades urbanísticas hay una provincia que acapara la mayor parte de las actuaciones: Pontevedra (concentra el 70 por ciento de los procedimientos resueltos el pasado año).

La construcción ilegal en primera línea costera es la principal infracción detectada por la APLU. De hecho, en los últimos tres años todas las sanciones impuestas fueron por edificaciones en el litoral —160 en este periodo—.

En todo caso, las multa cada vez son menos. De las 71 impuestas en 2021 se ha pasado a solo 43 el pasado año.

Al margen de que el expediente de infracción se salde con una sanción, la Xunta aplica multas coercitivas a los propietarios de las construcciones ilegales para forzarlos a reponer la legalidad urbanística. En 2024 se impusieron 325 en total, un 17 por ciento menos que el año anterior. El importe de estas sanciones se situó en alrededor de 1,1 millón de euros.

Entorno a un 97 por ciento de las órdenes administrativas de reposición de la legalidad se cumplen en periodo voluntario por las personas que ostentan el derecho de propiedad del suelo o por las promotoras de las obras o de la actividad que contravienen la legalidad en materia urbanística o de costas. Tan sólo un 3 por ciento de las reposiciones de legalidad son ejecutadas subsidiariamente por la APLU, repercutiendo el coste a los responsables.

Pero estas demoliciones ejecutadas por la Xunta van en aumento. En cinco años la APLU derribó un total de 627 edificaciones ilegales. Solo en 2024 un total de 160 construcciones fueron derruidas por el organismo de vigilancia urbanística de la Xunta, casi un 7 por ciento más que en 2023.

Y la mayoría de estos derribos se registraron en la provincia de Pontevedra: un total de 116. En A Coruña solo hubo 26 demoliciones, en Lugo 13 y en Ourense únicamente 5.

Cuando se abre un expediente por infracción, los propietarios o promotores de la edificación afectada no siempre están de acuerdo y pueden presentar un recurso administrativo. En 2024 la APLU recibió 473 demandas de este tipo, una cifra inferior a las 571 del año anterior. Si por la vía administrativa los propietarios no consiguen lo que quieren, pueden acudir a los tribunales. El pasado año la APLU afrontó un total de 414 procedimientos judiciales, un 13 por ciento más que en 2023. En todo caso, la Xunta señala que casi el 90 por ciento de las sentencias dictadas en 2024 avaló la postura de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

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