Los Bonos Alquiler Joven ‘vuelan’ ajenos al cruce de reproches entre Xunta y Estado

La vivienda se ha convertido ya en la principal preocupación de la sociedad gallega, especialmente de los estratos más jóvenes de la misma que observan como el continuo ascenso de los precios del mercado del alquiler dificultan en gran medida tanto su independencia como su capacidad de ahorro. Una realidad que explica el rotundo éxito de los Bonos Alquiler Joven que, tras abrirse la convocatoria en la madrugada del viernes, acumulaba ya 3.186 solicitudes en la sede electrónica de Ejecutivo gallego al cierre de esta edición.

Cabe recordar que tal y como había apuntado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante el pasado mes de enero, la Xunta trabajaba con la previsión de que entre 2.000 y 2.500 jóvenes gallegos se pudiesen beneficiar de este programa. Por lo que a la espera de que los técnicos terminen de analizar la documentación presentada por los solicitantes, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos, es probable que todos los beneficiados de la ayuda de 250 euros mensuales para el pago del alquiler demandasen la ayuda el mismo día de la apertura de la convocatoria. 

El programa cuenta con una financiación total de casi 13 millones de euros para dos anualidades. «Nos gustaría que fuese más (...), contamos con resolver las ayudas lo antes posible. Nos gustaría tener más aportación del Estado porque, en esta anualidad de 2025, no llega ni al 10 %», afeaba Martínez Allegue al Ejecutivo central en una visita a las obras de construcción del CIS Olimpia Valencia, en Vigo. 

Sin embargo, como el propio Gobierno autonómico señaló en la nota de prensa remitida el pasado 17 de febrero tras la autorización del Consello da Xunta a esta nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, «de este total, 11,4 millones de euros corresponden a la nueva aportación del Ministerio de Vivienda [...]. La Xunta complementará esos fondos, hasta conseguir los cerca de 13 millones, con la aportación de 1,5 millones del remanente de la convocatoria de 2022». 

Cuestionados por este diario a raíz de las palabras de la conselleira en Vigo, fuentes del departamento de Vivenda señalan que Allegue «se expresó mal». Según aseguran, la conselleira se refería a que del presupuesto que tiene el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en este 2025 «solamente el 10 % son fondos estatales». 

No obstante, el desliz de Allegue no sentó muy bien en la Delegación del Gobierno, que el pasado jueves había realizado una comparecencia para demandar una mayor implicación económica de la Xunta para poner coto a la emergencia habitacional existente en la comunidad. «Nos gustaría que la Xunta asumiese su responsabilidad y destinara fondos propios a programas como el Bono Alquiler Joven, que financia en solitario el Ministerio de Vivienda», señalaban ayer fuentes de la Delegación del Gobierno a este diario, y añadían que no deseaban repetir «lo de anteriores convocatorias en las que quedó mucha gente sin la ayuda», en referencia a los miles de gallegos que comenzaron a recibir en abril del pasado año el rechazo a sus solicitudes para la convocatoria abierta en 2022, cuando en la práctica el Ejecutivo autonómico ya había agotado los fondos cinco meses antes.

Desde la Delegación del Gobierno recuerdan a la Xunta que son los titulares de «las competencias en materia de vivienda» y, por ello, cuentan con «los recursos» para complementar económicamente la convocatoria. «Solo hace falta voluntad política», inciden.

En este sentido, el equipo de Pedro Blanco solicitó al Ejecutivo de Alfonso Rueda «transparencia, lealtad institucional y agilidad en la ejecución». Así como informar a la ciudadanía de dónde proceden los fondos y en qué lo gastan, habida cuenta que durante los últimos cuatro años, «dos de cada tres euros invertidos en la comunidad en materia de vivienda fueron financiados por el Gobierno central».