Hasta 280 concellos piden la rebaja en el canon de Sogama que afea el Gobierno

Señalando a la política fiscal del Gobierno central, Sogama aplicó este año una subida en las tarifas que cobra a los concellos por el tratamiento de basura, pasando de 66 a 108 euros la tonelada. Para contener este efecto, la Xunta decidió subvencionar parte del incremento a cambio de que los municipios redujeran la producción de residuos y aumentaran el reciclaje. Pero al canon reducido se opuso el Gobierno central y ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, informó del número de concellos sobre los que pesa la incertidumbre por el rechazo de Moncloa: son 280 en total. En 2024 eran solo 118 los municipios que tenían el canon subvencionado por separar la basura orgánica.

Con la aportación de la Xunta —que por otra parte posee una participación del 51% en el capital de Sogama—, el precio de la tonelada pasa de 108 euros a 83, si es que finalmente se mantiene en las mismas condiciones con las que arrancó el año. Sobre Galicia pesa además otra amenaza del Estado, que es la advertencia de multas semestrales por el tratamiento de residuos. Esto ha llevado a que la conselleira hablara ayer de una «persecución por parte del Gobierno central a Galicia».

Ángeles Vázquez explicó que 280 ayuntamientos —el 95% de los adheridos al modelo Sogama— pidieron acogerse a esa tarifa reducida para «aliviar parte del impacto» que supondrá para sus arcas a revisión del canon para 2025 a causa de los impuestos sobre los vertidos, la incineración y la producción eléctrica y la eliminación de la retribución a la planta termoeléctrica que Sogama tiene en Cerceda donde produce energía quemando la basura. Fue a finales de enero cuando el Ministerio para la Transición Ecológica envió a la Consellería de Medio Ambiente un documento denominado Caso de estudio Sogama para analizar la aplicación que se está haciendo en Galicia del nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración, expresando la oposición del Ejecutivo a la aplicación de descuentos en esta tasa bajo la premisa de «quien contamina, paga».

Para la Xunta, esta actitud supone que el Gobierno central «ignore las dificultades» que están pasando muchas administraciones locales y que defienda como única opción que se repercuta sobre ellas el 100% de los nuevos impuestos estatales de residuos con el argumento de que asumirlos en parte por la Xunta «contraviene el efecto» con el que fueron concebidos. Además, la responsable autonómica denunció el intento del Gobierno central de repercutir a las comunidades el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea contra España por incumplimientos en materia de tratamiento de residuos.

El 30 de enero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le remitió una carta a la Xunta mostrando su preocupación por los datos gallegos en materia de residuos, a los que responsabiliza de que a nivel nacional «se estén desviando de los objetivos europeos».

En esa misiva, en la que el Gobierno sitúa a Galicia a la cola de la gestión de residuos, «advierte de que la comunidad tendrá que asumir el 13% de la sanción que imponga Europa», que supondría 1,5 millones de euros iniciales y multas semestrales. Ángeles Vázquez recordó que Galicia «ocupa la sexta posición» nacional en cuanto a residuos depositados en vertedero y «la novena» en cumplimiento de objetivos de reciclaje.

Para cumplir con los objetivos que marca la directiva europea en materia de residuos, dijo la conselleira, hay que seguir «trabajando y avanzando». Por este motivo, se dirigió por carta recientemente a los responsables de Nostián y de Barbanza para instarlos a adoptar de inmediato medidas efectivas para revertir sus actuales datos de residuos. Al respeto, lamentó que a día de hoy y a pesar de las numerosas advertencias, A Coruña sea «la única gran ciudad española que no separa aún envases y briks», un deber vigente desde lo 1 de enero de 2024 y que justifica el expediente sancionador abierto por la Xunta la semana pasada contra el ayuntamiento.

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