Portazo definitivo al rescate de la AP-9: Moncloa lo declara inasumible e inviable

La reclamación de que el Estado rescate la AP-9 y se levante el peaje ha llegado a su fin. Al menos en esta legislatura, porque el Gobierno descartó ayer de manera oficial la posibilidad de recuperar la concesión de la Autopista del Atlántico, alegando que la operación resultaría «inasumible» y «no viable» por el alto coste para las arcas estatales y los «efectos lesivos muy importantes» que generaría. Y la causa originaria que impide el rescate estaría en la prórroga de la concesión hasta el año 2048 acordada en su día por el Gobierno de José María Aznar (PP).

Estos fueron los argumentos expuestos ayer en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados por la secretaria general de Transportes Terrestres, Marta Serrano, que puso el foco en la decisión del Ejecutivo de Aznar cuando en 2000 prorrogó la concesión 25 años más para extender su vigencia desde 2023 hasta 2048 y cuando en 2003 privatizó la empresa encargada de su gestión. «Estas son las decisiones que nos hacen preguntarnos por qué la AP-9 es la autopista con mayor duración en peajes, hasta 75 años, y con unas tarifas establecidas por ustedes que deben cumplirse», espetó la alto cargo del ministerio que dirige Óscar Puente a las bancadas del Partido Popular.

El ministro había cuantificado el pasado año en unos 6.000 millones —dio varias cifras— el rescate y traspaso de la AP-9 a Galicia. No dijo que era imposible, pero sí «tremendamente difícil, complejo y costoso» en una comparecencia en el Congreso en octubre.

Ayer, la secretaria general de Transportes Terrestres no dejó lugar a dudas. Enfatizó que «no es viable» por el «altísimo volumen de gastos que conllevaría» afrontar el rescate por parte del Estado, ya que «tendría unos efectos lesivos muy importantes». Añadió que resulta «inasumible» desde el punto de vista jurídico y económico, porque antes de la transferencia a Galicia —como reclama el Parlamento por unanimidad— habría que indemnizar a la empresa concesionaria para que se liberase el peaje.

Sin embargo, el Gobierno ha ido rescatando autopistas de peaje en España en los últimos años y tiene en cartera más proyectos de esta índole. Así, el Ministerio de Transportes se prepara para recuperar la gestión de más de 1.130 kilómetros de viales explotados actualmente por concesionarias con peajes normales o en la sombra en un proceso que se prolongará hasta 2029. Todo ello, mientras continúa rechazando aplicar esta fórmula con la Autopista del Atlántico pese a las dudas legales y el expediente sancionador de la Comisión Europea sobre su prórroga hasta 2048. En concreto se trata de la AP-6 y sus «mellizas» AP-51 y AP-61, cuya concesión finaliza en noviembre del año 2029. Antes se producirá el traspaso de 1.000 kilómetros de las autovías de primera generación en diez tramos de la A-1, A-2, A3, A-31 y A-4.

Y mientras tanto, las tarifas de la AP-9 no dan un respiro a los usuarios, dado que elevó más del doble sus peajes que las principales vías de pago de toda Europa, si bien el Gobierno saca pecho por las bonificaciones y los descuentos introducidos para los usuarios —sobre todo para los recurrentes—, que este año requieren una partida de 81 millones de euros en los presupuestos del Estado.

Sin embargo, el diputado popular Celso Delgado lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté ninguneando al Congreso, al incumplir la moción aprobada por el pleno que exigía la elaboración de un estudio sobre la viabilidad del rescate, y también resoluciones unánimes del Parlamento Gallego en el mismo sentido. «Exigimos que cese el boicot del Gobierno a la transferencia de la AP-9 a Galicia», demandó.

El pasado mes de octubre el Congreso aprobó, a iniciativa del BNG, exigir al Gobierno central que iniciara los trámites para asumir la gestión directa de la Autopista del Atlántico, suprimiendo los peajes y anulando la prórroga de 25 años a su concesionaria privada, una iniciativa en la que el propio ejecutivo mostró su división, pues Sumar votó junto a PP y ERC, a favor, mientras que el PSOE votó en contra.