El Gobierno descarta implantar nuevos peajes en la red estatal de carreteras

No habrá definitivamente nuevos peajes por el uso de autopistas, autovías o carreteras de la red estatal. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el Real Decreto que traspone la Directiva europea por la que se establecen los criterios para calcular los gravámenes y las bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias pero esta normativa «no implica la creación de nuevos peajes, la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente actualmente o tarificar algún tipo de vehículo por el uso de nuevas infraestructuras», según explica el Ministerio de Transportes.

La posible implantación de peajes en autovías y carreteras estuvo durante años sobre la mesa ante las exigencias europeas, aunque el Gobierno de Sánchez ya había adelantado que finalmente no impondría estas tarifas.

El plazo para trasponer la directiva europea que regula los peajes se acababa y por eso se aprobará el Real Decreto el próximo martes. Y el Ministerio de Transportes aclara que no habrá cambios en la política tarifaria, ni alterará el propósito de acabar con las prórrogas de los peajes al fin de su concesión ni afectará a los descuentos. Así recuerda que solo en la AP-9 los usuarios se ahorraron más de 330 millones desde 2018 gracias a estas bonificaciones.

¿Entonces qué implicará este nuevo Real Decreto? Transportes explica que introduce cambios en el método de cálculo de los peajes e incluye la posibilidad de «internalizar» los costes de congestión y los externos por emisiones de CO2. Esto no afectará a las concesiones de autopistas ya existentes y solo habría que aplicarlo en «el caso de hipotéticas nuevas concesiones».

También afecta a las autopistas dependientes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres que, según el Gobierno, ya comenzaron a trabajar para ajustarse a esta normativa. Se trata de la M-12, la R-2, la AP-7 Cartagena-Vera, la AP-36, la AP-7 Circunvalación Alicante, la R-5, la R-4, la R-3 y la AP-41.

AP-9

Y en Galicia, tras el rechazo frontal del Gobierno al rescate de la AP-9 por verlo «inviable, la conselleira de Infraestruturas, la conselleira de Infraestrututas, María Martínez Allegue, exige al ministro de Transportes, Óscar Puente, que la reciba «de una vez». «Sabido es que llevamos años demandando la transferencia, ahora también ese posible rescate, toda vez que de ese estudio que realizamos supimos que las bonificaciones hasta el fin de la concesión y el coste del rescate es muy similar», afirmó tras una rueda de prensa sobre digitalización de carreteras.

Por su parte, el PPdeG pedirá en la Cámara al Gobierno central la elaboración de un informe que «justifique» que el rescate de la AP-9 «no es viable», en el que se recoja «expresamente» una estimación del coste y el gasto que tendría que afrontar el Ejecutivo en bonificaciones hasta el final de la concesión.