Los datos desmontan el mito de la okupación: "Es un problema residual en Galicia"

Debates en televisión, un creciente número de anuncios sobre alarmas de seguridad o el surgimiento de empresas especializadas en la desokupación de inmuebles se han esforzado en los últimos años en introducir en la sociedad el relato atemorizador de que cualquier gallego puede salir un día de su casa y encontrársela ocupada al regresar. No obstante, la realidad es muy tozuda y las estadísticas oficiales reflejan que el problema de la ocupación tiene una intensidad muy reducida en Galicia.

Según los datos policiales del Ministerio del Interior, a lo largo del año pasado se denunciaron 242 casos de usurpación o allanamiento de inmuebles en Galicia. Es decir teniendo en cuenta esta cifra, tan solo el 0,01% de las 1.757.739 viviendas existentes en la comunidad se vio afectada por la ocupación durante 2024.

Radiografía de los desahucios en Galicia: tres familias fuera de su hogar cada día

Sin embargo, cruzando estos datos con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se observa que de todas estas denuncias tan solo 81 eran referidas a viviendas habituales o segundas residencias. Es decir, dos de cada tres denuncias presentadas en los juzgados gallegos hacían referencia a la ocupación ilegal de inmuebles vacíos o abandonados.

De hecho, los datos del departamento que dirige Grande-Marlaska reflejan un alza del número de denuncias por usurpación de inmuebles del 12% con respecto a 2023. Sin embargo, ese crecimiento se registra fundamentalmente en viviendas deshabitadas o abandonadas. En este sentido, cabe mencionar que las denuncias por ocupación de la vivienda habitual o la segunda residencia cayeron un 22% —de las 104 registradas en 2023, a las 81 del pasado año—.

Otra muestra de la poca trascendencia de este fenómeno en la comunidad se encuentra en el teléfono de asesoramiento y orientación jurídica en materia de vivienda, puesto en marcha por la Xunta en diciembre de 2020. A lo largo del año pasado, únicamente recibió tres llamadas relacionadas con la okupación. La mayoría de las consultas se refirieron a desahucios, problemas con los contratos de alquiler o reclamaciones contractuales.

Juristas contactados por este diario ratifican que la incidencia de esta problemática es «muy reducida» en la comunidad. No obstante, aseguran que «la imagen de una familia a la que su casa le es arrebatada es muy impactante». En este sentido, aseguran que es necesario agilizar los trámites para la recuperación del inmueble: «El problema radica en que los tiempos de espera entre la denuncia y la recuperación de la propiedad son enormes».

Inquiokupación

El pasado mes de febrero, la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, señalaba en una entrevista que en Galicia los propietarios tenían «miedo» a incorporar viviendas al mercado del alquiler «por la cantidad de impagos que están ocurriendo». Se trata de lo que coloquialmente se conoce como inquiokupaciones, aunque jurídicamente —en el Código Penal—ni aparece ni existe ninguna figura que se le pueda asemejar. 

Del mismo modo, se trata de un fenómeno díficil de cuantificar estadísticamente. La única posibilidad reside en la serie elaborada por el CGPJ que recoge las sentencias estimatorias tras denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago del alquiler o de la fianza. En ella se observa que en Galicia a lo largo del año pasado se redactaron 338 sentencias que estimaban total o parcialmente la demanda de un arrendatario contra su inquilino por el pago del alquiler. No obstante, en sentido contrario al relato predominante, la tendencia de estas sentencias es a la baja, con una reducción del 23% desde el año 2021.

Bien es cierto que en esta estadística no se computan los desahucios suspendidos por la vulnerabilidad familiar antes de que haya sentencia —gracias al Real Decreto-ley 37/2020 en vigor desde la pandemia—o todas aquellas situaciones en las que directamente el casero no cursa denuncia.

En definitiva, los juristas consultados afirman que pueden entender la preocupación por este tipo de fenómenos en ciudades como Barcelona o Madrid, pero aseguran que se trata de «un problema residual en Galicia».

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