Financiación y plantilla, principales escollos en la futura Policía Autonómica

El Ministerio del Interior ultima con la Xunta el convenio de la Unidad de Policía adscrita para esta comunidad autónoma, tras el reciente acuerdo firmado con Andalucía y las negociaciones en curso con Aragón y la Comunitat Valenciana. La financiación y el refuerzo de las plantillas se presenta como los principales escollos en el futuro de la Policía Autonómica en Galicia.

En el caso de los costes que supone esta unidad, que opera en la comunidad gallega desde 1991 , el salario base es financiado por parte del Estado y el resto de complementos los costea la Xunta. Pero en el nuevo convenio, el Ministerio del Interior se propone que en el salario base la Xunta participe «en el 50%». Para el Ejecutivo autonómico, según advirtió hace meses el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, sería «imposible”. Desde el Gobierno reiteraba que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, por imperativo legal, que el coste de la Unidad Adscrita debe ser cofinanciado al 50% por el Estado y la comunidad autónoma.

En cuanto a la plantilla, aunque la UPA con el pasado de los años ha visto aumentada su cartera de funciones, su plantilla arrastra un déficit del 30%. Con un catálogo de puestos de trabajo fijado en 500 plazas, nunca llegó a cubrirse al cien por cien y el máximo en las comisarías de la comunidad fue de 474 efectivos en 2014, año siguiente al último concurso específico de méritos convocado por el Ministerio del Interior. Desde entonces, la Xunta exige al Gobierno que cumpla el catálogo con el objetivo de poder ejercer “eficazmente” las competencias asignadas.

La negociación sobre este nuevo acuerdo está siendo llevada a cabo “al más alto nivel” entre las dos administraciones, con el objetivo de abordar la financiación compartida de las unidades de Policía Adscrita. Esto implica que la Xunta de Galicia debe asumir parte de los costes asociados a la operación de esta unidad, tal y como se solicitó en 2024 a través de una carta del ministro Fernando Grande-Marlaska. El ministro hizo un llamamiento para que las comunidades autónomas colaboraran en la financiación de estos cuerpos de seguridad, con el fin de mejorar su efectividad y garantizar el mantenimiento de sus capacidades operativas.

Las negociaciones con las autonomías gobernadas por el PP se encauzaron un año después del cruce de reproches y la remisión de una carta, en enero de 2024, en la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les conminaba a asumir la mitad del coste de estas unidades adscritas de la Policía Nacional. En aquella carta, Marlaska contestaba a las quejas desde los gobiernos autonómicos del PP asegurando que era conocedor de las «dificultades» que generaba la no actualización de estas unidades. El ministro añadía que era «imprescindible» que las comunidades atendieran a la disposición de la Ley Orgánica 2/1986 para «coadyuvar a la financiación de las respectivas unidades adscritas mediante la cobertura de una cantidad anual equivalente al 50% de los costes del mantenimiento».