Los litigios exprés por deudas superan por primera vez los 55.000 anuales

La resaca de la pandemia y de la espiral inflacionista más grave desde la Transición que hace dos años se combinó con el encarecimiento de hipotecas y alquileres supuso una tormenta perfecta para miles de familias gallegas, angustiadas por unos ingresos insuficientes para cubrir el día a día. En muchos casos, el crédito fue la opción elegida para llegar a fin de mes, eligiendo incluso microcréditos que permiten obtener liquidez de forma muy rápida y tarjetas revolving que refinancian las deudas. En ambos casos, los intereses se acumulan con un efecto bola de nieve hasta el punto de ahogar a los deudores. De hecho, los litigios exprés por deudas económicas superaron el año pasado por primera vez la barrera de los 55.000 en Galicia, a pesar de la mejora económica general y del empleo. Se registraron 4.645 de estos procedimientos cada mes.

Los monitorios constituyen una vía legal previa a un juicio, pero con la misma validez que este último. Se trata de «procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento», según la definición del Consejo General del Poder Judicial.. Es decir, es una forma de reclamar una deuda evitando los costes de una denuncia tradicional, pues permite ahorrar los gastos de procurador, por ejemplo, además de ganar tiempo.

El año pasado los tribunales gallegos registraron 55.749 monitorios, un 8% más que los 51.566 del año 2023, batiendo de nuevo el récord de este tipo de causas, que contribuyen en gran medida al colapso de la justicia en la comunidad. A nivel estatal, el crecimiento alcanzó el 7,7% hasta 1.145.593, según el balance del CGPJ.

En los casos de deudas económicas, el acreedor dispone de dos vías para recuperar el dinero: el monitorio, mucho más rápido, y la demanda judicial. En el primer caso, cuando lo presenta contra un deudor, fuerza a este a rechazar de forma expresa la reclamación. De no presentarse en sede judicial para oficializar su oposición al pago, el juzgado considera de forma automática que lo acepta y abre un período de 20 días para que pague. De no hacerlo, puede sufrir embargo de cuentas bancarias o bienes.

Las deudas vinculadas a créditos rápidos en manos de empresas especializadas son vendidas en grandes bloques a fondos buitre que se vuelcan en la presentación de monitorios para cobrar deudas. Las primeras se aseguran, sin litigar, el cobro de gran parte del dinero prestado con intereses en muchos casos abusivos —una deuda de 4.000 euros acaba convirtiéndose en otra de 10.000 o 20.000— y los citados fondos, ganan un porcentaje. Los especialistas recomiendan a los deudores involucrados en casos de créditos rápidos y tarjetas revolving que siempre rechacen el monitorio y busquen asesoramiento para fraccionar los pagos o, en caso de detectar indicios de intereses abusivos, denuncien a sus acreedores. Suelen ganar Así sucedió el año pasado cuando la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a Wizink a devolver a un cliente el dinero cobrado de más por una tarjeta revolving que tenía intereses del 26%. La cantidad rozó los 44.000 euros. Lo mismo sucedió hace dos años en Ourense, donde la devolución fue de 35.000 euros. Los juzgados gallegos acumulan una cascada de sentencias similares.

El recurso al monitorio es muy atractivo para estos grandes grupos porque si el deudor no se opone se activa el proceso para cobrar, aun cuando exista causa jurídica para pleitear por usura o mala praxis. Tanto éxito tiene esta vía que los casos se han duplicado respecto a 2017, cuando se alcanzaron los 27.626. Desde entonces, la subida ha sido casi continua: 30.585 en 2018, 39.040 en 2019, 40.267 en 2020, 40.142 en 2021, 45.308 en 2022, 51.566 en 2023 y los citados 55.749 del año pasado.

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