Un tercio de la inversión de la Xunta es gasto corriente, según Contas

El desembolso en publicidad o los contratos de seguimiento del plan de transporte público y de gestión telefónica del transporte bajo demanda en el rural fueron computados por la Xunta en 2023 como una inversión, una práctica que el Consello de Contas critica en un informe hecho público ayer. Su análisis de un capítulo concreto desliza que un tercio del desembolso público en obras pertenece en realidad a gasto corriente, es decir, al dinero necesario para mantener en funcionamiento la Administración.

El informe de Fiscalización de la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2023 censura la praxis contable del Ejecutivo dirigido por Alfonso Rueda al menos en el concepto 640 del capítulo de inversiones. «Se concluye que un alto porcentaje de gasto, similar al del ejercicio anterior (el 32% de gasto de las operaciones seleccionadas), tiene naturaleza de gasto corriente», recoge el organismo, que recuerda el mantenimiento de esta práctica durante los últimos años pese a sus advertencias. «Esta incidencia se viene poniendo de manifiesto por este órgano de control, de forma reiterada, en los informes anuales de la Conta Xeral», añade sobre un documento que es la radiografía contable de la Administración autonómica.

Ese porcentaje del 32% se refiere a un capítulo de 126 millones, si bien fuentes de Contas reconocen que es extrapolable a los 420 millones que figuraron ese ejercicio 2023 como inversiones reales.

Además, destaca el peso en esta cuestión de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, que alcanzó el 33,1%, si bien tras las elecciones de febrero de 2024 Rueda dividió el departamento en Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, por un lado, y Cultura, Lingua e Xuventude por otro. En segundo lugar se situó Medio Rural (20.2%) y en tercero, Mar (14,5).

El documento cuenta con un apartado también dedicado al gasto desplazado a otros años. Durante 2023, la Xunta asumió 79,21 millones de ejercicios previos y dejó de imputar desembolsos de ese ejercicio por 39,27, lo que lleva a Contas a colegir que el resultado está infravalorado en 39,94 millones, si bien la Xunta cerró el ejercicio con un déficit del 0,1% del producto interior bruto (PIB), ajustándose a las obligaciones, dos décimas por debajo de la tasa de referencia para las comunidades.

Los beneficios fiscales fueron durante los últimos mandatos de Alberto Núñez Feijóo una máxima que Alfonso Rueda, que asumió la Xunta en 2022, mantuvo. Estas rebajas crecieron un 14% hasta los 324,59 millones, cantidad que Contas eleva a 592 al añadir subvenciones reguladoras por ,35 267. Sin embargo, como en informes anteriores, este organismo fiscalizador echa en falta un análisis de las consecuencias de esta política. «Sigue constatándose, no obstante, la ausencia de la asociación de cada beneficio a unas determinadas políticas de gasto, así como unos indicadores u objetivos que permitan evaluar su eficacia y eficiencia de una manera continuada en el tiempo», recoge el documento.

Sanidade presupuesta a la baja sus necesidades y, al final, precisa 480 millones extra

Uno de los informes de Contas se refiere a la gestión de la sanidad pública, donde reitera una crítica a la «deficiente técnica presupuestaria» que desdibuja los presupuestos oficiales de la Consellería de Sanidade. La «infraestimación» de los gastos en personal y medicamentos se suplen con inyecciones adicionales de fondos, que en el año 2023 sumaron 480 millones de euros, hasta situar el presupuesto definitivo en 5.343 millones, un 10% por encima del dato oficial. Además, Contas destaca el impacto de la temporalidad en una sanidad que cuenta con una media de 43.940 efectivos en nómina diariamente. «El personal con una vinculación temporal se aproxima a la mitad de los efectivos en 2023», destaca tras añadir que el presupuesto prevé una relación de empleados un 17% por debajo de quienes realmente trabajan en el Sergas. Esa proporción de temporalidad afecta también a la Administración general y los órganos instrumentales, donde se alcanza el 44,4%, con 10.686 personas en esta situación frente a 13.297 fijos, que representan el 55,4%. Contas reconoce los procesos de estabilización de 6.480 plazas en 2022, pero recuerda que «el problema de la temporalidad del empleo público, que afecta al conjunto de las administraciones, llevó al compromiso con la Unión Europea, para reducirla por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024». El año pasado, la Xunta aplicó también una OPE de estabilización. En cuanto a los fondos de recuperación de la Unión Europea (MRR), sitúa el porcentaje de ejecución en el 46% al cierre de 2023, cuando la Xunta había ingresado 1.069. En el REACT la ejecución alcanza el 99%. En el ámbito de la contratación, destaca que el 20% de 735 millones en contratos se refiere a procedimientos sin competencia y que 81,2 millones se refirió a contratos menores.