Política Social resolvió 23.200 expedientes de dependencia y discapacidad desde enero

El plan de choque para agilizar la atención a la dependencia y la discapacidad que la Consellería de Política Social puso en marcha en enero ha permitido ya resolver 23.208 expedientes, por encima del objetivo previsto para estos tres meses que se había fijado en 20.000 resoluciones.

Según explican desde el departamento que dirige Fabiola García, desde principios de año se centraron sobre todo en resolver solicitudes que estaban pendientes de valoración o revisiones de personas que ya estaban atendidas.

Esto, sin embargo, aún no se ha trasladado en un incremento significativo en el número de dependientes atendidos. Si en enero, según los datos de la Xunta, la cifra de beneficiarios con prestaciones ya efectivas era de 77.700, ahora son 78.000.

Aunque son solo 300 más, hay que tener en cuenta que el número de nuevos dependientes atendidos puede ser mayor porque siempre hay bajas por defunciones, según aclaran desde Política Social. En cuanto a la lista de espera, según los últimos datos del Imserso a fecha de febrero, ronda las 1.200 personas, apenas 46 menos que a finales de diciembre.

Según esgrimen desde Política Social, los efectos del plan de choque para acortar la espera de dependientes y personas con discapacidad aún tardará en reflejarse en las estadísticas que publica el Imserso. «El plan está funcionando, estamos valorando de forma más ágil y estamos creando vías preferentes que son necesarias para los mayores de 80 y se le reconocerá la dependencia automáticamente a personas encamadas, que tienen cánceres terminales, tetraplejias o Parkinson en fase 5», explicó en declaraciones a este periódico la conselleira de Política Social, Fabiola García.

La Xunta también había prometido que este año daría una paga económica a las personas dependientes que están en espera de una prestación. Sin embargo, todavía no han empezado a cobrarla. «Lo vamos a resolver en los próximos días», apuntó Fabiola García.

Política Social lleva tiempo reclamando al Gobierno que eleve su aportación al sistema de atención a la dependencia. Avisa que debería abonar el 50 por ciento de su coste y no lo está haciendo, lo que supone una deuda con Galicia de 2.500 millones de euros.

Sin embargo, en una respuesta al BNG en el Congreso el Gobierno que la Ley de Dependencia obligue al Estado a aportar el 50 por ciento de la financiación.

«El último párrafo del artículo 32.3 de la Ley de Dependencia dice: la aportación de la comunidad será, para cada año, al menos igual a la de la Administración del Estado». «En ningún momento se recoge la obligación por parte del Estado de aportar las mismas cantidades que las comunidades», alegan.

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