Galicia tendrá el control sobre los permisos en la costa a partir del 1 de julio

Galicia asume la gestión de los usos de su litoral, la primera transferencia competencial en 16 años que será efectiva el 1 de julio, fecha a partir de la cual será la Xunta la que dé el visto bueno a los permisos a viviendas, industrias o edificios públicos para permanecer en la primera línea de costa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, corolaron tres años de desencuentros entre ambas administraciones con una declaración institucional posterior a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Santiago en la que se certificó la cesión competencial a Galicia.

Torres destacó la voluntad del Gobierno de apostar por la «cogobernanza» y ante los medios abrió la puerta a sentarse a negociar las nuevas competencias reclamadas por Galicia, en especial la relativa a la concesión de permisos laborales a extranjeros, que ya posee Euskadi y que también asumirá Cataluña dentro de un paquete más amplio que incluye, según Junts, el control migratorio.

En cualquier caso, esa negociación se realizaría con otro ministro, pues Torres cerró hoy su última visita institucional, antes de su intervención en el pleno de mañana y en el Consejo de Ministros del martes. Luego, dejará el cargo para someterse a una operación del cáncer que padece.

Rueda le agradeció la presencia y correspondió al tono constructivo con elogios a su voluntad, así como destacó que no cerró la puerta a ninguna de las competencias planteadas por Galicia, como la citada sobre los permisos de trabajo, las competencias meteorológicas o el ingreso mínimo vital. 

El Gobierno sí ha descartado la cesión de la Autopista do Atlántico, a pesar de que el PSdeG la reclama en Galicia, al igual que hizo el PP cuando gobernaba Mariano Rajoy.

El acuerdo de hoy también estuvo precedido de un choque legal entre administraciones. La Xunta aprobó una ley ante el rechazo del Gobierno a cederle las competencias sobre el litoral -aunque aplicando la normativa estatal- que blindaba esas potestades y el Ejecutivo la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tachó esa norma gallega de «casi una declaración de independencia».

La Xunta será ahora la que tendrá responsabilidad sobre las autorizaciones para ocupación y usos en el dominio público marítimo terrestre, es decir, dará la luz verde a piscifactorías, cetáreas conserveras, astilleros o papeleras como Ence. Lo hará, eso sí, ajustándose a la legislación básica estatal y en las mismas condiciones que Euskadi, cuyo traspaso costará 4 millones de euros. En el caso de Galicia serán 1,2.