El Estado amplía su deuda con Audasa en un millón al mes pese a pagarle más que nunca

Para cuando la lectura de estas líneas alcance el minuto de duración, Autopistas del Atlántico SA (Audasa) habrá ingresado en caja cerca de 400 euros. Y, de este importe, otros 171 euros serán beneficios limpios. Ganancia neta. La concesionaria de la autopista AP-9 continúa sacando lustre a un activo ultrarrentable, sin competencia, amarrado —si no lo impide Bruselas— hasta el año 2048 y blindado financiera y económicamente por sucesivos reales decretos firmados por gobiernos centrales de todos los colores. El ejercicio fiscal de 2024 fue como casi todos los anteriores para esta compañía de Grupo Itínere, ahora en manos de los colosos APG (Países Bajos) y Swiss Life Asset Managers: de récord. Porque nunca había facturado tanto, obtenido un resultado neto tan abultado o ingresado una cantidad similar al erario público. Pero es que, en paralelo, la deuda del Estado con esta compañía privada no deja de medrar: lo hizo en 13 millones de euros el año pasado, a razón de 250.000 euros semanales, debido al ajuste del denominado saldo de compensación.

Funcionamiento del ajuste

Se trata de una especie de hipoteca que se creó de mano del Real Decreto 1733/2011, en el que el Gobierno selló un acuerdo con Audasa para la ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago. Como la empresa sufragó aquellos trabajos se creó un esquema financiero para abonarle todos los importes, pero que devenga un interés del 8% anual, por ejemplo, y que habilita a la concesionaria a subir los peajes en un 1% adicional cada 1 de enero. Este saldo roza ya los 360 millones de euros después de haber sufrido una «actualización financiera» de más de 27 millones en 2024. El Ejecutivo tuvo en su mano pagar de una tacada esta hipoteca hace ya tres años, lo que habría permitido anular ese incremento extra de las tarifas y evitar que, como el propio Gobierno estima, acumule un pasivo con Audasa superior a los 1.100 millones en 2048. El Consejo de Ministros lo rechazó.

De modo que se produce la paradoja siguiente: la concesionaria de la AP-9 tiene una factura pendiente de cobro con el Estado que no deja de medrar pese a que lo que percibe del erario público también está en valores históricos. De los 210,1 millones de euros que facturó en 2024 (+9% interanual), casi 62 millones fueron ingresos de las administraciones por peajes en la sombra, por la ayuda contra el alza de la inflación que se activó en 2022 —es progresiva y desaparecerá el año que viene— y, sobre todo, por las bonificaciones. Estos 62 millones equivalen a más de un tercio de su negocio.

Precisamente los descuentos activados explican en buena medida el dinamismo de la autopista en cuanto a usuarios: la AP-9 se acercó mucho a su techo histórico en intensidad media diaria de tráficos, que data de 2007 (27.029 vehículos). Se quedó en los 26.505 el año pasado, según las cifras que facilitó Audasa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El beneficio neto, en línea con el del pasado año fiscal, fue equivalente al 43% de su facturación: sacó en limpio más de 90 millones de euros.

Litigio

No hay novedades sobre el expediente abierto por la Comisión Europea contra España por la prórroga de la concesión, firmada por el Ejecutivo de José María Aznar para elevar el precio de la privatización. Pero Audasa entiende que sí existe un precedente en favor de su contrato hasta 2048 y lo ha encontrado en Alemania. En concreto, en una cuestión prejudicial planteada por el tribunal superior regional de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) sobre la modificación de las condiciones de una autopista. El abogado general del TJUE Manuel Campos Sánchez-Bordona ha sido el emisor de estas conclusiones.

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