Tráfico requiere a examen médico a mil coruñeses para evaluar si son aptos

¿Hasta qué edad se puede conducir? En España, la única limitación para conducir se establece a partir de los 65 años, pero es una franja de edad que no está vetada para seguir al volante, sino que tienen que someterse a control del psicotécnico para renovar el permiso de conducir cada cinco años en lugar de los 10 fijados para el resto de usuarios. Pero en ocasiones, pese al «apto» con el que se resuelve ese reconocimiento médico las patrullas de la Guardia Civil detecta en sus controles rutinarios conductas erráticas que les llevan a remitir ese caso a la Jefatura de Tráfico, desde donde se tramitan los requerimientos para realizar un chequeo médico extraordinario en el Sergas que determine si ese conductor puede o no seguir al volante o si debe hacerlo con restricciones (solo por el día, a unos kilómetros de distancia de su casa, con la obligación de viajar acompañado, con la prohibición de circular por autopistas y autovías).

A los procedimientos abiertos a raíz de los casos remitidos por la Agrupación de la Guardia Civil y las policías locales, se suman los tramitados por los propios familiares tras detectar un deterioro de las capacidades psicofísicas de su padre/madre o abuelo, también a instancias de la Fiscalía de Seguridad Vial tras el delito en el que se vio implicado el afectado e incluso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En los últimos cinco años, más de mil conductores de la provincia de A Coruña fueron requeridos por Tráfico a chequeo médico del Sergas para comprobar si son aptos para seguir al volante o hacerlo con algún tipo de limitación, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de Galicia.

En concreto fueron un total de 1.044 en el periodo 2020-2024. De ellos, casi el 30% superaban los 75 años. Llama la atención el número de conductores requeridos a examen del Sergas menores de 55 años: casi 400, lo que supone el 37% del total en la provincia., son más de 10 puntos que lo que esta franja de edad representaba antes del estallido de la pandemia. Un balance que constata los efectos del COVID también en la conducción, ya que conllevó un aumento de la población que consume psicofármacos. Las estadísticas del Imelga sobre las autopsias practicadas a los fallecidos en un accidente de tráfico en Galicia revelan la presencia de psicofármacos en el 15% de las víctimas en siniestros viales frente al 2% que representaban hace años.

Los requerimientos abiertos en la comunidad suponen en torno al 40% de todos los sospechosos detectados en el conjunto del país por merma de condiciones psicofísica, un balance que da cuenta del problema que debe atajar la comunidad, marcada por una pirámide poblacional envejecida y una dispersión que hace necesario el vehículo en todas las franjas de edad para cualquier desplazamiento.

A la mayoría de los conductores a los que Tráfico requiere para chequeo del Sergas le es revocado el carné, bien porque ya ni se presentan en el centro médico para ese reconocimiento o bien porque el control resuelve que no es apto para seguir al volante. Al resto se le imponen restricciones en la conducción en horarios o distancias. Según el resultado de esta evaluación, incluso el caso puede derivar en la apertura de diligencias al psicotécnico que expidió el certificado por posibles irregularidades.

A raíz de la puesta en marcha del Plan Mayores en 2016, Tráfico, Xunta y Fomento reforzaron con señales fluorescentes y pintadas los accesos a autovías y autopistas para evitar que los conductores mayores entren en sentido contrario y también se intensificaron los controles para comprobar las facultades psicofísicas de los usuarios.

En paralelo, el Grupo de Investigación de Tráfico (GIAT) y la Fiscalía de Seguridad Vial estrecharon el cerco sobre los psicotécnicos con el fin de garantizar reconocimientos rigurosos y, en caso de detectar la comisión de cualquier delito, llevar a los tribunales a los responsables de los fraudes detectados. Precisamente estas pesquisas convirtieron a Galicia en 2011 en la primera comunidad que sentó en el banquillo a los responsables de un centro de reconocimiento de conductores por fraude en la emisión de al menos 200 certificados aptos en un mes sin prueba médica alguna a los usuarios. La juez atribuyó entonces a la directora del centro ubicado en Vigo y a una empleada un delito de falsedad documental.