El Parlamento veta (otra vez) que se fiscalicen sus cuentas

El Parlamento gallego y el Consello de Contas vuelven a echar un pulso sobre el alcance de las competencias que tiene el órgano fiscalizador de Galicia. La Cámara autonómica considera que sus cuentas están al margen de su control y por segundo año le cierra el paso a que sean fiscalizadas. Pese a que en la inmensa mayoría de los casos los tres principales partidos (PP, BNG y PSOE) están en desacuerdo en todo, en el frente contra las intenciones del Consello de Contas las tres formaciones han reaccionado con la misma voz.

El pasado año el Parlamento modificó por sorpresa y en verano su reglamento, por acuerdo unánime de la Mesa —integrada por el PP, el BNG y el PSdeG—, para que en adelante se dejaran de enviar sus cuentas al Consello de Contas. Y lo hizo tras conocer que el Consello de Contas había iniciado, precisamente, el procedimiento para fiscalizar a la Cámara autonómica en lo que sería la primera vez que se haría en la historia de la autonomía. No se remitieron los documentos sobre los ingresos y gastos y por tanto no se pudo fiscalizar nada.

Esta reforma se publicó el 13 de agosto de 2024 en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en su exposición de motivos se aludía a evitar incorrectas interpretaciones legales, a que iba «en la línea con la normativa de otras comunidades» y a que la vigilancia sobre la actividad económica del Parlamento estaba ya garantizada con el papel que la Constitución encarga al Tribunal de Cuentas.

Pero resulta que en su plan de trabajo para este año el Consello de Contas ha vuelto a incluir, como iniciativa propia, la fiscalización de la cuenta general del Parlamento gallego por considerar que es una de sus funciones y que el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento no afecta a sus competencias.

Esa hoja de ruta se envió a la Cámara, tal como se hace todos los años, y la Mesa —el órgano de gobierno— ha tomado la decisión, en febrero, de admitir a trámite el plan de trabajo, pero con una excepción: no se acepta la iniciativa de fiscalizar la cuenta general del Parlamento. Se alega que ese tipo de control «se encuentra fuera de las competencias del Consello de Contas», reincidiendo en los argumentos expresados en verano del pasado año.

Esto lleva a reproducir, de nuevo, el pulso entre las dos instituciones autonómicas porque la Cámara no quiere que se auditen su presupuestos, nóminas o las asignaciones económicas de los grupos políticos. Eso sí, se vuelven a enviar los documentos al Consello de Contas, pero solo a efectos de «su conocimiento», no para que sean fiscalizados.

Otra prueba de la tirante relación entre estas dos instituciones es que los representantes del Consello de Contas llevan más de un año sin acudir al Parlamento a presentar en comparecencia sus informes, que en teoría deben hacerlo por cada uno que hacen.

Suscríbete para seguir leyendo