Galicia encara el debate de autonomía con iniciativas del anterior aún pendientes

Galicia encara esta semana su debate de política general —conocido como debate del estado de la autonomía— en un contexto de extrema polarización política que rebaja la expectativa de grandes acuerdos. Y el precedente tampoco ayuda. El de 2023, el último que se celebró y el primero de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, se cerró con 41 propuestas de resolución aprobadas: las 40 del PP y una única de la oposición. Un ejemplo del escaso feeling actual entre partidos.

Un buen puñado de aquellos acuerdos continúa en el limbo casi dos años después, por lo que su aprobación en el Parlamento fue poco más que anecdótica, como suele ocurrir en estos debates. Otras propuestas, sin embargo, sí se materializaron, como el traspaso del litoral, la llegada de los trenes Avril o las rebajas de impuestos.

Sin embargo, el capítulo de incumplimientos es elevado tanto en el número como en la relevancia de los asuntos que abordan. Y todos suelen tener en común que son demandas de Galicia al Gobierno central, algunas tan antiguas que ya casi alcanzan la categoría de históricas, como el traspaso de la AP-9 o un nuevo modelo de financiación .

Resoluciones pendientes

La primera resolución aprobada en el debate del estado de la autonomía de 2023 fue pedir al Estado la rebaja del IVA del pescado y la carne, algo que no se materializó. La segunda, reclamar la gestión directa de fondos europeos «para financiar proyectos industriales transformadores en nuestra comunidad». En abril de 2025, tampoco se puede dar por cumplido.

Y la lista continúa. Del debate salieron peticiones para exigir al Gobierno central una nueva financiación autonómica, más fondos para cumplir con su parte de la dependencia o dinero para ayudar a sufragar la gratuidad de las guarderías. «Esa gratuidad son 65 millones cada año de fondos propios de la Xunta porque siguen sin aportar un céntimo», lamentaban fuentes de Política Social, que recuerda que también siguen esperando por el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta era la propuesta 29, aprobada por unanimidad, pero aparcada en un cajón.

Igual que la transferencia de la AP-9 o infraestructuras que siguen pendientes como la salida sur de Vigo, la solución a los problemas de plazas de tren en el eje atlántico o la conexión por alta velocidad de Lugo y Ferrol, áreas en las que apenas se avanzó. Tampoco se solucionaron los problemas de falta de médicos que recogía la propuesta número 40 aprobada en el debate de 2023 ni se instalaron los eólicos que tenían que dar energía a industrias estratégicas como Alcoa.

Exceptuando algunas iniciativas aprobadas de contenido más etéreo —la condena al terrorismo, el posicionamiento en el conflicto entre Israel y Hamás, el respeto a la Constitución—, del debate de política general en 2023 salieron propuestas que hoy son realidad. La transferencia del litoral y la llegada de los Avril son las más visibles, pero también los descuentos de la AP-53, algunos juzgados de violencia de género, la ley de igualdad y, sobre todo, las rebajas autonómicas de impuestos o los nuevos bonos de ayuda a dependientes de 5.000 y 1.200 euros, que fueron las medidas estrella anunciadas por Rueda en el debate junto al Carné +65.

En medio de cumplimientos e incumplimientos, había un grupo de propuestas sobre cultura, idioma, renovables, FP o empleo en las que se avanzó, pero en las que todavía queda camino por recorrer, por lo que tienen muchas papeletas para volver a estar en la agenda del debate esta semana.

Oposición: la vivienda

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, avanzó ayer que el BNG afronta el debate sobre el estado de la autonomía con «ánimo constructivo». Un aspecto central del debate para el BNG será la vivienda, donde propondrá por ejemplo un plan hasta 2032 para dotar a Galicia de «un verdadero» parque público de vivienda, con 12.000 inmuebles, afirmó Pontón en Quiroga, donde acudió a la Feira do Viño. Además propone que se tomen decisiones para «frenar» los precios del mercado libre de vivienda.

La viceportavoz parlamentaria del PSOE, Elena Espinosa, también aludió a la vivienda con un Banco Público de Alquiler; o un plan de «refuerzo urgente» de la Atención Primaria para «garantizar una sanidad pública accesible y de calidad en todo el territorio».