El dueño de Sargadelos vuelve a pedir a Trabajo el cierre de la planta de Cervo

El dueño de Sargadelos, Segismundo García, criticó a los sindicatos que el martes se reunieron con la Inspección de Trabajo para abordar el expediente abierto a la fábrica de Cervo (Lugo) por deficiencias en materia de seguridad laboral. El empresario dice que esta representación sindical «suplanta e interpreta (a su manera) el sentir de los trabajadores».

Con ello se refiere al hecho de que la factoría carece de representación sindical, si bien responsables de CCOO, UGT y CIG acudieron a la planta y asesoraron a los trabajadores durante los días que duró el pulso que mantuvo Segismundo García a la Inspección de Trabajo y que supuso que durante varios días la plantilla de producción no pudiese acceder a sus puestos de trabajo y permaneciese a las puertas durante toda su jornada laboral.

Un pulso que retomó ayer en un nuevo escrito remitido por burofax a la Inspección de Trabajo, y también a medios de comunicación, y en el que García vuelve a pedir el cierre de la factoría al declararse «incapaz de aplicar toda la normativa vigente».

Las últimas elecciones sindicales en la fábrica de Sargadelos en Cervo se celebraron en 2017 y supusieron la elección de tres delegados —la plantilla por entonces era inferior a 50 personas—, de los que ninguno ejerce en la actualidad. A día de hoy correspondería un comité compuesto por cinco personas.

Con anterioridad a esos comicios sí había un comité que estaba presidido por una representante que fue revocada por sus propios compañeros en medio de una serie de despidos ejecutados por Segismundo García. Ella misma fue despedida y finalmente readmitida por sentencia judicial.

«En esta empresa nos llevamos bastante bien y no necesitamos patronales ni sindicatos», afirma el propietario en su escrito a Inspección de Trabajo. Al respecto, asegura «no acertar a comprender por qué la dignísima Inspección de Trabajo se reúne» con estos sindicatos.

Más allá de estas afirmaciones, Segismundo García también se refiere a los hechos que motivaron la apertura de un expediente a la fábrica que dirige, un expediente que le obliga a introducir mejoras en materia de seguridad laboral en el plazo de seis meses «para la mayoría de requisitos», si bien algunas son de aplicación «inmediata», como en el caso de las mascarillas.

El empresario insiste en que «si es verdad lo que manifiesta la eficacísima Inspección, y en esta industria se causan daños a la salud de los trabajadores, lo correcto y obligado es proceder al cierre de la planta de producción». Dos trabajadoras desarrollaron silicosis en la factoría, lo que implicó la apertura del expediente laboral. «Solicitamos pues dicha clausura a esa honorabilísima Inspección», prosigue el escrito, en su tono habitual. En este sentido, asegura sentirse «incapaz de aplicar toda la normativa vigente».