Consumo detecta que un 60% de pisos turísticos en Galicia operan ilegalmente

Más de la mitad de los pisos turísticos gallegos operan de forma ilegal: un total de 9.215. La cifra la facilitó ayer el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una visita a Santiago de Compostela, donde se reunió con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para abordar la problemática que conlleva la «proliferación descontrolada de pisos turísticos en muchas ocasiones ilegales y que están», afirmó, «lesionando gravemente el derecho a vivienda de la ciudadanía».

Bustinduy aseguró que la información recopilada por la Unidade de Análisis de Consumo «refleja la existencia hoy en día de 16.000 pisos turísticos operando en toda Galicia, de los cuales hasta 9.000 no reflejan en sus anuncios el número de registro que, según la normativa autonómica, es pertinente en este tipo de anuncios».

El titular de Consumo aseguró que en próximos días hará llegar a la Xunta la información autonómica relativa a esos 9.125 anuncios ilegales de los 14.960 detectados, igual que ofreció al consistorio los datos de anomalías en la capital gallega, donde en una única plataforma se detectaron 406 viviendas turísticas, «lo que contrasta» con las 66 concedidas por el municipio. Alegó para ello «espíritu de colaboración y de alianza entre las administraciones para poner coto a esta situación descontrolada». Sin embargo, las formas no gustaron en la Xunta. Pocas horas después, Turismo de Galicia, que depende de Presidencia, le reprochó «falta de colaboración institucional» por «anunciar públicamente que su departamento ha detectado publicidad ilícita por parte de propietarios de viviendas de uso turístico en Galicia sin haberlo comunicado antes al Gobierno gallego, con competencias exclusivas en materia turística».

Con todo, el Ejecutivo autonómico «estudiará» la documentación cuando la reciba, «con datos y motivos específicos para actuar en consecuencia», «con rigurosidad, seriedad y garantizando los derechos de todos los implicados». Al respecto, Turismo de Galicia recuerda que es pionera al regular desde 2017 esta materia y que el decreto gallego recoge «expresamente» la obligación de publicar el número de registro en la «promoción» que se haga de la vivienda.

Tras incidir en que Galicia reforzará el cuerpo de inspectores este año, la Xunta destaca que también actúa cuando los concellos notifican que esta actividad es contraria al planeamiento urbanístico o carece de título habilitante municipal cuando se exige. De hecho, en el caso de Santiago, la Xunta afirma que entre este año y el pasado dio de baja 134 pisos.

Bustinduy sostiene que esta oferta «tensiona» los precios del alquiler en las ciudades y, «por tanto, dificultando el acceso a la vivienda». Al respecto, pidió a la Xunta —y al PP en general en las comunidades donde gobierna— que «no ponga dificultades ni escollos» para que Santiago o A Coruña puedan declarar zonas tensionadas y así introducir topes al alquiler, tras recalcar que este subió «hasta un 70%» en la última década en la comunidad gallega.

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