El desamparo fuerza el ingreso de tres mayores diarios por vía de emergencia

Sin familia o sin parientes que se hagan cargos de ellos, desamparados, sin recursos y sin capacidad para valerse por sí mismos, factores unidos al cada vez mayor envejecimiento de la población gallega, son las causas que fuerzan a la Consellería de Política Social a ingresar cada día a tres personas en residencias de mayores por motivos de emergencia social. Durante el año pasado, la cifra de quienes accedieron a este tipo de centros mediante ese procedimiento alcanzó los 1.144, un 23% más que los 927 del año 2021 y que evidencian el crecimiento de este tipo de casos en la comunidad.

Uno de cada cuatro habitantes de Galicia supera los 65 años y la comunidad ha superado por primera vez la barrera de los 20.000 hogares con todos sus miembros con algún tipo de dependencia. Además, la comunidad se sitúa a la cola de plazas en residencias por habitantes, solo por delante de Murcia y la Comunidad Valenciana, según los datos de la Asociación estatal de directivos y gerentes de servicios sociales.

La Xunta anunció esta semana su intención de construir 24 residencias de mayores para mejorar el servicio, tras sumar 16 años sin construir ningún centro público de este tipo, planificando solo una en cada ciudad gracias a la aportación de la Fundación Amancio Ortega. Hasta ahora, se defendía la apuesta por centros de día y otro tipo de servicios que permitían a los pendientes seguir viviendo en su domicilio. A ello, se une el alto coste de las residencias privadas, con precios que superan los 2.000 euros mensuales en una comunidad con unas de las pensiones medias más bajas de España.

En este contexto, las personas con menos ingresos y mayor desamparo disponen de una vía de emergencia para saltarse las listas de espera y lograr una plaza.

Política Social puede conceder una plaza pública a quienes se encuentran en situación de desamparo, ser víctima de malos tratos o suponer un riesgo para su integridad física.

La propuesta para acceder a esta vía parte de los trabajadores sociales tras ser advertidos por familiares, el propio médico de Atención Primaria o incluso la Policía Local si los inicios de una demencia han provocado un incendio.

El Código Civil obliga a los parientes a hacerse cargo de ellos, pero muchos carecen de recursos, especialmente para pagar una residencia privada y el sistema público carece de oferta. Se trata de la segunda causa de acceso a esta vía de urgencia tras las personas que parecen de familia. Sin embargo, este mecanismo también ha generado polémica. El BNG denunció en el Parlamento el ingreso en residencias de mayores de pacientes psiquiátricos menores de 65 años, criticando la falta de medios adecuados para tratarlos y el riesgo que podía suponer para el resto de residentes.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, respondió en el Parlamento garantizando la calidad asistencial en las residencias y exigiendo «no discriminar a los usuarios con patologías psiquiátricas». Ese tipo de dolencias «no puede ni debe ser una barrera para que una persona ocupe una plaza residencial si tiene derecho a hacerlo», sostuvo.

Asgaded pide a la Xunta aclarar que las 24 nuevas residencias anunciadas sean públicas

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (Asgaded) reclama a la Xunta que garantice que las 24 nuevas residencias de mayores anunciadas por Alfonso Rueda durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía tengan «titularidad, gestión y provisión 100% públicas». De esa manera, añade, podrán «cumplir con eficacia y eficiencia su papel, dar servicio a la población gallega y reducir las importantes listas de espera que existen para conseguir una plaza en una residencia pública». Rueda declaró en su intervención que esos centros serían «públicos», pero que se construirían «de la mano del sector», lo que abría la posibilidad de que fuesen centros privados con plazas concertadas. Desde la Consellería de Política Social no aclararon el modelo y se remitieron a las palabras del presidente de la Xunta. Asgaded recuerda un antecedente de hace dos décadas, pues la Xunta del PP aprobó en 2001 un plan para subvencionar la construcción de 20 residencias privadas con 150 plazas condicionando las subvenciones a que el 40% de plazas fuesen concertadas. Aun así, esta asociación destaca como «positivo» apostar por centros residenciales fuera de las ciudades —en cada una de las cuales se construirá una residencia impulsada por la Fundación Amancio Ortega—, así como que el tamaño medio previsto sea de 75 plazas. Además, recuerda que el índice de cobertura en Galicia es de solo 3,33 plazas por cada 100 mayores de 65 años, lejos de la media estatal (4,2) y de los países de la OCDE (5). Por eso, aplauden la iniciativa, pero consideran «insuficiente» que cuenten con solo 1.800 plazas. «Serían necesarias 13.000», apuntan.

Suscríbete para seguir leyendo