La Ciaim entrega al fin un informe preliminar del ‘Villa de Pitanxo’ y acerca ya el juicio

El cometido de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) española, al igual que el de todos los organismos homólogos de los estados ribereños, quedó fijado en 1982 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sus análisis no tienen una finalidad punitiva, sino que buscan emitir todas las recomendaciones posibles para evitar siniestros en la mar utilizando otros accidentes a modo de aprendizaje. Como ha hecho la Maib británica (Marine Accident Investigation Branch), por ejemplo, tras el naufragio del palangrero Argos Georgia, en el que fallecieron cuatro tripulantes gallegos el pasado mes de julio: emplazó a todas las armadoras a revisar de urgencia las compuertas laterales y recordó la importancia de mantener los compartimentos estancos durante la navegación. El caso del Villa de Pitanxo, sean cuales sean las conclusiones definitivas de la Ciaim, la lección a digerir habrá tenido un coste dantesco: 21 víctimas de 24 tripulantes, con doce cuerpos jamás recuperados del impenitente caladero de Terranova.

Los técnicos de la Ciaim han rematado ya su estudio definitivo y las partes han recibido ya un borrador del informe, según indicaron a Faro fuentes de las familias de los fallecidos. De acuerdo a las mismas, el diagnóstico de qué sucedió para que el arrastrero acabase consumido por el océano va «en línea» con el que arrojó el estudio pericial elaborado por David Bejarano y Alejandro Iglesias, miembros de la Ciaim pero que en este caso ejercieron de peritos para la Audiencia Nacional, que instruye el caso. Esto es: que habría sido un «error humano» del capitán, Juan Enrique Padín, lo que precipitó la escora fatal «por la falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento que suponía la maniobra que realizó para librar el embarre del aparejo del fondo marino, con la mar y el viento de popa y la tolva de descarga de desperdicios abierta, poniendo en grave riesgo la seguridad del buque y sus tripulantes». En todo caso, este organismo no ha divulgado todavía el texto; Faro no pudo obtener información de los abogados de las familias ni de la representación legal de Padín y la armadora, Pesquerías Nores Marín.

En el mismo informe pericial ya entregado el año pasado, este que señaló una culpabilidad del capitán, se incluyeron otros factores que habrían agravado exponencialmente —a juicio de los expertos— la gravedad del siniestro. Por ejemplo, que existió una «demora» por parte de Padín a la hora de dar la «orden de abandono de buque a la tripulación, lo que condicionó que pudieran realizar el abandono de forma ordenada y con alguna probabilidad de éxito». De igual modo, Bejarano e Iglesias dieron por buena la denuncia de uno de los tres supervivientes, Samuel Koufie, y de otros extripulantes del Pitanxo, en lo relativo a la no realización de simulacros de emergencia. «Se considera factor contribuyente del accidente —prosigue este informe— la falta de familiarización de los tripulantes con sus obligaciones y funciones atribuidas en el cuadro orgánico para situaciones de emergencia y con el uso de los dispositivos de salvamento (traje de inmersión, chaleco salvavidas, equipo de supervivencia de la balsa salvavidas y dispositivos radioeléctricos de salvamento), lo que pone de manifiesto la falta de formación a bordo y la falta de realización de ejercicios periódicos de abandono de buque».

La Ciaim, de acuerdo al reglamento que rige su actividad, tiene un año para emitir un informe cuando se produce un siniestro con buques. En caso de no poder rematarlo a tiempo, ha de divulgar al menos un texto provisional, con o sin conclusiones de sus pesquisas. Es lo que hizo con el Pitanxo, aunque excediendo este plazo de 12 meses. Así que el texto definitivo, o este preliminar remitido a las partes, llega más de tres años después del accidente más catastrófico para la pesca española desde 1978 (el Marbel). La Ciaim ha recibido varios reproches del magistrado instructor, Ismael Moreno, por este retraso: considera este estudio «esencial» para zanjar la fase de instrucción.

El juicio

Por eso ha acordado distintas prórrogas a la investigación; la última, hasta el próximo mes de septiembre. Eso sí, una vez completado el análisis de la Ciaim y facilitado la elaboración de alegaciones, en su caso, el juez podrá cerrar la instrucción antes de terminar este plazo, de modo que no hará falta estirarlo hasta septiembre. Cuando lo haga será el turno de dictar el auto de apertura de juicio oral, donde se habrán de dirimir las responsabilidades del naufragio. Tanto Padín como la armadora y dos altos directivos de ésta tienen la consideración de investigados (imputados), entre otros por 21 presuntos delitos por imprudencia grave o contra los derechos de los trabajadores. Sobrevivieron el capitán —único que llevaba íntegro el traje de supervivencia cuando fue rescatado—, su sobrino Eduardo y Koufie.

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