La Xunta sancionará a los propietarios que no combatan la plaga de la vid

La Consellería do Medio Rural ha dado un paso más en su lucha contra la plaga de flavescencia dorada que ataca (y acaba matando) a la vid y que ya tiene marcados en rojo viñedos del sur de Ourense y Pontevedra, tras llegar a la comunidad gallega procedente de Portugal. Desde hoy, los dueños de fincas afectadas están obligados a combatir la enfermedad destruyendo las plantas confirmadas como positivas y aplicando los tratamientos fitosanitarios adecuados. De no hacerlo, entonces intervendría la Xunta, procediendo a arrancar las vides infectadas y cargando, posteriormente, los costes a los propietarios, además imponerle las correspondientes sanciones por las infracciones cometidas.

Este nuevo protocolo se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia tras ser aprobado por el Consello de la Xunta y entra hoy mismo en vigor. Lo que se hace es calificar de «utilidad pública» la erradicación del organismo que provoca la flavescencia dorada de la viña.

Esta norma establece medidas de prevención y lucha contra esta dolencia, así como las obligaciones de los operadores, titulares de parcelas de viñedo y profesionales para su control. Entre estas obligaciones están las de vigilar la presencia de la flavescencia dorada en sus plantaciones y viveros y comunicar a los servicios competentes la detección de viñedos u otras plantas huéspedes afectadas o con síntomas sospechosos de esta dolencia.

Además, se determinan medidas obligatorias para titulares de parcelas vitícolas en la zona infestada. La primera es la de «eliminar y destruir todas las plantas confirmadas y todas las sintomáticas de la parcela lo antes posible». Como plazo límite, determina la Consellería do Medio Rural, se establecen 20 días hábiles desde la notificación al propietario de la finca. La destrucción debe hacerse en la misma parcela o en una limítrofe y, a poder ser, por incineración.

Al resto de las vides se les debe aplicar un tratamiento biosanitario de forma inmediata desde la notificación, dando la Xunta un plazo máximo de diez. Pero en el caso de que el terreno no se dedique a la viticultura de forma regular para obtener un producto comercializable, entonces el procedimiento no es selectivo: se tienen que destruir todas las plantas.

El decreto autonómico recoge que los trabajos de erradicación podrán ser beneficiarios de una indemnización —cuyas condiciones se regularán mediante una orden específica— y que la Administración podrá proceder a la ejecución de las medidas de forma subsidiaria, cargando los gastos correspondientes a las personas titulares de la explotación, «cuyo importe podrá exigirse por vía de apremio, con independencia de las sanciones que correspondan por las infracciones cometidas».

En total, la plaga afecta a 14 municipios del sur gallego (A Cañiza, Arbo, Tui, As Neves, Salvaterra, Salceda, Oia, Padrenda, Arnoia o Ribadavia) y a 21 concellos de zonas «tampón», como se denomina el perímetro de protección, que se establece en un radio de dos kilómetros desde las parcelas afectadas.