Cuentas reclama más control sobre la financiación de los grupos municipales

El Tribunal de Cuentas, el órgano estatal encargado de fiscalizar la contabilidad y las políticas de gasto, ha dado un tirón de orejas a la libertad —amparada en la legislación— con que los ayuntamientos de toda España conceden las dotaciones económicas a los grupos municipales para su funcionamiento. Quiere ponerles límites a la discreción con que se asignan, que se tengan que rendir cuentas del uso de estos fondos, que se sometan a un examen de contabilidad específica y que no sirvan para financiar los partidos políticos a los que pertenecen los ediles.

Así figura en una propuesta aprobada esta semana por el pleno del Tribunal de Cuentas, dando continuidad a una fiscalización realizada en 2023 a todos los ayuntamientos capital de provincia sobre el uso de estas aportaciones económicas. Y es que los 50 municipios analizados asignaron en total a los grupos políticos 13 millones de euros en un año para su funcionamiento ordinario. Pero al margen de estos recursos, las corporaciones municipales sufragaron además con cargo a su presupuesto al menos otros 43 millones de euros en contratación de personal o compra de material para los grupos políticos.

En su moción —aprobada el pasado día 28—, el Tribunal de Cuentas aprovecha para reprobar la última reforma legal que va a permitir que los partidos políticos, sin una declaración detallada, reciban parte de las subvenciones que los ayuntamientos otorgan a sus grupos municipales y avisa de que supone un retroceso en términos de transparencia. Considera que esas subvenciones deben dedicarse en exclusiva a su finalidad, que es cubrir los costes de las actividades ordinarias de esos grupos institucionales, y que está mal que se deriven parte de los fondos a financiar los partidos políticos a los que pertenecen los respectivos concejales. Si parte de ese dinero municipal va a acabar en las arcas del partido político, el órgano fiscalizador reclama que tendría que hacerse a cambio de un servicio al grupo municipal y que debería recogerse en un convenio en el que se detalle la valoración económica de ese servicio, así como las funciones concretas de esa prestación.

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas choca precisamente con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que fue introducida en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, del pasado 2 de enero, y que establece que no sea objeto de contabilidad específica la parte de los recursos económicos de los grupos municipales que se destine a los partidos políticos.

Para el órgano fiscalizador, ese cambio legal «supone un retroceso en la transparencia que debe regir en la gestión de los fondos públicos e impide su control», además de presentar la actual regulación «significativas carencias e insuficiencias».

También aboga por que se regulen los requisitos que deben cumplir los grupos para ser beneficiarios de las dotaciones económicas, así como el régimen de los reintegros si no está debidamente acreditado el adecuado gasto de las asignaciones recibidas.